Condenan a exjefes paramilitares por crímenes en el Cesar y La Guajira
La Fiscalía General de la Nación ha informado que tras valorar las pruebas y argumentos aportados por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a cuatro exintegrantes del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por 78 hechos delictivos perpetrados entre 1995 y 2005, en La Guajira y Cesar.
Se trata de Óscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, cabecilla del Frente Juán Andrés Álvarez, una estructura urbana al servicio de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; Amaury Gómez Ramos, alias ‘Bigotes o Binladen’, segundo de esa agrupación armada; Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias ‘El Pájaro’, quien intervino en varias masacres atribuidas a esta agrupación; y Evangelista Bastos Bernal, alias ‘Pedro o Jota’, encargado de diversas labores logísticas dentro del grupo armado ilegal.
Estas personas fueron declaradas responsables de delitos de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados en personas protegidas.
Uno de los episodios examinados en la sentencia corresponde a la incursión en Villanueva, La Guajira, el 8 de diciembre de 1998, cuando hombres armados ingresaron al municipio en horas de la madrugada, entraron violentamente a varias viviendas, retuvieron a algunos habitantes y les causaron la muerte a 11 de ellos.
Igualmente, se abordó el crimen del entonces alcalde de Agustín Codazzi, Gilberto Gómez; y del enfermero del hospital municipal, Jairo Ferias Fonseca, asesinados el 19 de septiembre de 1997, mientras se movilizaban por la vía que comunica a Valledupar con Codazzi.
Los procesados recibieron penas privativas de la libertad de entre 240 y 480 meses de prisión, multas equivalentes a entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos. A todos los postulados se les impuso una pena alternativa definida en la Ley de Justicia y Paz.