Cerrarán Casa de la Mujer Indígena en Pueblo Bello
Al menos 12 mujeres podrían quedar sin un lugar de protección, tras el cierre de la ‘Casa de la Mujer’ o ‘Casa Mía’, un espacio de acogida de la comunidad indígena arhuaca en Pueblo Bello, Cesar, que durante dos años y medio brindó atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y otras formas de agresión.
La iniciativa, sostenida principalmente con aportes solidarios y el esfuerzo de integrantes de la comunidad indígena, no logró superar la crisis económica que enfrentaba para cubrir gastos de arrendamiento, alimentación y manutención de las personas acogidas. Sus promotores atribuyen esta situación a la falta de apoyo de la Alcaldía y de otras entidades territoriales, pese a la labor de protección que venía desarrollando.
El cierre representa una preocupación para las defensoras de derechos humanos que impulsaron este espacio, debido a que algunas de las mujeres y menores de edad atendidas requieren condiciones de seguridad, acompañamiento psicológico y asistencia integral para avanzar en sus procesos de recuperación y restablecimiento de derechos.
NO HAY APOYO DE LA ALCALDÍA
Analdo Bolaño Mindiola, cabildo indígena Kankuamo, denunció que la falta de respaldo institucional terminó comprometiendo la continuidad de la casa, cuyo funcionamiento dependía de los esfuerzos económicos y humanos de integrantes de las comunidades indígenas.
La principal preocupación es qué ocurrirá con las personas que encontraban refugio en la casa y cuáles serán las alternativas disponibles para garantizar su seguridad tras el cierre. El regreso a los entornos donde presuntamente ocurrieron las agresiones podría representar un riesgo para algunas de ellas, dependiendo de sus circunstancias particulares.
Por tratarse de menores de edad y mujeres víctimas de violencia, la interrupción del servicio también plantea la necesidad de coordinar medidas para evitar que queden sin alojamiento seguro, atención psicosocial y seguimiento institucional.
Durante dos años y medio, la casa funcionó gracias al compromiso de integrantes de la comunidad indígena. La labor también contó con la participación de mujeres líderes y defensoras de derechos humanos, entre ellas Edilma Loperena, quien hizo un llamado urgente a las instituciones públicas y a las entidades solidarias para buscar alternativas que permitan recuperar el servicio.
Loperena advirtió sobre las dificultades para sostener la atención y pidió apoyo económico, psicológico y humanitario para las mujeres y las menores de edad que necesitan protección. Su llamado busca evitar que la falta de recursos termine dejando sin alternativas de acogida a quienes enfrentan situaciones de violencia.
“Necesitamos apoyo para no cerrar la casa de protección”, es el mensaje dirigido a las autoridades y organizaciones que puedan contribuir a mantener este servicio.