Carlos Caicedo celebra que Contraloría archivara proceso en su contra
El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, nuevamente sale bien librado de una investigación que cruzaba en su contra por supuestos sobrecostos en mercados que entregó su administración a población vulnerables durante las cuarentenas en medio de la pandemia del covid-19.
Este 7 de septiembre se conoció que el ente de control archivó el proceso de responsabilidad fiscal en contra del gobernador y de tres funcionarios más. El material probatorio confirmó que la contratación directa adelantada por la Gobernación del Magdalena con la Previsora S.A Compañía de Seguros, observó la selección objetiva, al escoger la cotización o propuesta más favorable del mercado.
“Conforme a lo expuesto, el material probatorio, permite confirmar que la contratación directa adelantada por la Gobernación del Magdalena, observó la selección objetiva, al escoger la cotización o propuesta más favorable del mercado, situación que se clarifica, con calcular el precio en el mercado de los productos objeto del Contrato 210-2020, considerando como base para la determinación del costo de los alimentos la información suministrada por el DANE y las cotizaciones de almacenes mayoristas que se decretaron y allegaron al expediente, como las de Tiendas ARA, Cencosud, Almacenes Éxito y Supertiendas – Droguerías Olímpicas, identificando como precio razonable del mercado para cada producto”, argumentó la Contraloría en su fallo.
Caicedo, a través de Twitter, celebró la decisión. “La justicia nos vuelve a dar la razón: Contraloría determinó que no hubo detrimento patrimonial en los mercados que entregamos durante la pandemia a las familias más vulnerables del departamento. Otro montaje que se les cae a los politiqueros enemigos del cambio y del Magdalena”, escribió el gobernador.
Si bien la Contraloría archivó la indagación, advirtió en su fallo: “si con posterioridad a la presente decisión aparecieren nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de sustento para el archivo aquí dispuesto, se ordenará la reapertura de la acción fiscal, conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley 610 de 2000”.
En julio de este mismo año, el contralor Delegado Intersectorial Número 4 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Germán Marín Zafra, había ordenado el archivo de un proceso.
“El material probatorio permite confirmar que la contratación directa adelantada por la Gobernación del Magdalena, observó la selección objetiva, al escoger la cotización o propuesta más favorable del mercado”, especificó el informe emitido por la Contraloría.
Así mismo, señaló que para llegar a dicha determinación se adelantó el respectivo cálculo de los precios de los productos entregados en los mercados, entre los que estaban incluidos alimentos y elementos de aseo personal, tomando como referencia información del DANE y cotizaciones en los almacenes que habían quedado establecidos en el Contrato 210-2020 (Tiendas ARA, Cencosud, Éxito y Supertiendas – Droguerías Olímpica).
Desde que inició la pandemia del covid-19, la Contraloría le puso lupa a los contratos que adjudicaron alcaldías y gobernaciones para la atención de la población vulnerable. Solo entre el 10 de marzo hasta el 5 de abril del 2020 se suscribieron 37.932 contratos. En sus primeros hallazgos la entidad evidenció que se han comprado kits de mercados con precios superiores en comparación con los de las grandes superficies. También ha visto que se están entregando mercados con fines políticos a población no vulnerable o o que no se ha visto afectada por la pandemia. Con Infobae