Autoridades indígenas reportan el reclutamiento forzado de tres menores en el Cauca
En los últimos meses las comunidades indígenas del departamento del Cauca han denunciado el recrudecimiento de la violencia en su contra. Tanto por el asesinato de comuneros como las constantes amenazas en contra de líderes, han sido una constante en esta región. En relación a dicha problemática, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció mediante el Tejido de Defensa de la Vida de Çxhab Wala Kiwe, que las últimas horas se reportó el reclutamiento forzado de tres menores de edad del resguardo Huellas.
El CRIC aseguró que este hecho tuvo lugar en la vereda La Trampa del municipio de Caloto, sobre las horas de la mañana del viernes 15 de abril. En este caso, tres menores de edad del mencionado resguardo no aparecen en los registros. La guardia indígena comprobó, a través de los testimonios de los comuneros, que los tres jóvenes de 15 años fueron vistos por última vez en la vereda El Palo, sobre las 10 de la mañana.
Según el reporte de los familiares de las víctimas, algunos menores lograron comunicarse con sus parientes e informaron que habían sido retenidos por un grupo armado en la zona, sin embargo, posterior a dicha llamada telefónica no hay rastro sobre el paradero de los secuestrados. Las autoridades indígenas presumen que por el modus operandi de las bandas que operan en la región, los jóvenes pueden estar siendo trasladados hacia el sur del país, zona de masiva presencia armada.
En su denuncia, los grupos indígenas invitan tanto a autoridades y Kiwe Thegnas (Guardia Indígena), a que se proteja férreamente a los menores, uniendo esfuerzos para evitar que sean víctimas de esta denigrante dinámica. A su vez, señalan que el reclutamiento forzado se ha incrementado en la zona norte del departamento del Cauca y que las medidas para el aminorar estas practica han sido casi nulas e insuficientes.
En el cierre de su comunicado, el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC reafirma su rechazo ante estos hechos y exige que respete la vida de los retenidos, además, reclama la liberación de los mismo con plenas garantías para su regreso tranquilo a los territorios.
En su exigencia señalan: “exigimos el respeto a la vida de los comuneros reclutados y pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos actuar de manera urgente para acompañar el camino de regreso a casa de los niños víctimas de esta guerra que nos sigue diezmando”.
En el año 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana Inminencia 007-21 del 16 de marzo, en esta señaló la grave situación de orden social que sufría el municipio de Caldono. Los datos que surgieron tras este estudio, permitieron evidenciar la presencia de grupos armados encabezados por las denominadas facciones disidentes de las FARC, además de la ejecución de actividades criminales relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal en distintas veredas del municipio.
Las principales conductas halladas por la Defensoría evidencian el desarrollo de secuestros, desplazamiento, desaparición forzada, homicidios múltiples y confinamiento. A pesar de los llamados de atención al Gobierno Nacional, los golpes que han destacado hasta el momento, tienen que ver con la captura y neutralización de excombatientes, empero, siguen a la deriva los derechos de las poblaciones que continúan inmiscuidas en el conflicto.
Es importante tener en cuenta que, esta zona se convierte en un territorio estratégico para los grupos ilegales, pues constituye una ruta directa hacia el pacifico, facilitando las tareas de narcotráfico hacia Centroamérica y otras regiones. Con Infobae