Aprueba un presupuesto de 634,9 billones de pesos entre promesas y críticas
El Congreso de Colombia aprobó este martes en la madrugada un presupuesto de 634,9 billones de pesos (unos 201.100 millones de dólares) para 2027, un 14,2 % superior a la vigente este año, que el Gobierno de Abelardo de la Espriella defiende como un paso para recuperar la estabilidad fiscal.
En contraste, la oposición cuestiona los recortes en educación, programas sociales y entidades vinculadas al Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Estado y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El proyecto recibió 57 votos a favor y dos en contra en el Senado, y 112 votos favorables y uno contrario en la Cámara de Representantes, en una sesión que se prolongó hasta la madrugada del último día del plazo constitucional para aprobarlo.
«Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación», escribió el presidente colombiano en su cuenta de X.
De la Espriella resaltó que Colombia vive un «momento decisivo» y que «necesita el compromiso de todos».
Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, celebró la aprobación y afirmó que el presupuesto constituye «el primer paso para corregir el rumbo de nuestra economía» en referencia al objetivo del Ejecutivo de contener el gasto y reducir el déficit fiscal.
La justificación del Gobierno de Colombia frente al aumento del presupuesto
El Ejecutivo sostiene que el presupuesto incorpora obligaciones que, según su diagnóstico, no estaban debidamente financiadas en las cuentas presentadas por el Gobierno anterior del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), entre ellas compromisos pensionales, sanitarios, salariales y relacionados con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
De la Espriella ha atribuido parte del desequilibrio fiscal al endeudamiento heredado y ha anunciado una «Ley de Rescate Económico» para reducir el déficit, que el Ejecutivo proyecta en un 9,4 % del producto interior bruto (PIB) para 2027.
El presupuesto aprobado distribuye unos 393,25 billones de pesos a gastos de funcionamiento, 147,07 billones al servicio de la deuda y 94,63 billones a inversión pública, según las cifras divulgadas durante el trámite legislativo.
Entre las principales asignaciones sectoriales figuran 93 billones para educación, 81,6 billones para salud y 74,9 billones para defensa.
La oposición denuncia recortes sociales
Las críticas más fuertes procedieron del partido opositor Pacto Histórico, que cuestionó tanto el contenido del presupuesto como la forma en que se desarrolló el debate.
La representante María Fernanda Carrascal sostuvo que la bancada no respaldaría una iniciativa que considera perjudicial para los ciudadanos y las regiones, mientras que su compañero de bancada Alfredo Mondragón aseguró que el presupuesto no garantiza recursos suficientes para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la educación pública superior y las necesidades territoriales.
Mondragón afirmó que el Pacto Histórico había presentado más de 700 proposiciones para aumentar los recursos destinados a las regiones.
El debate también estuvo marcado por las partidas destinadas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a raíz del acuerdo firmado en 2016, porque según informaciones publicadas durante la discusión, el presupuesto de esa jurisdicción sufrió un recorte de 181.402 millones de pesos, incluidos 11.402 millones adicionales trasladados al Ministerio de Defensa para financiar indemnizaciones a familias de militares muertos en combate.
La aprobación del presupuesto deja sobre la mesa una de las principales tensiones económicas del nuevo Gobierno: la necesidad de financiar las obligaciones del Estado mientras intenta reducir el déficit y frenar el crecimiento de la deuda pública.
El presupuesto de 2027 es superior al de 2026, que asciende a 555,8 billones de pesos, y el servicio de la deuda seguirá absorbiendo una parte considerable de los recursos públicos, lo que limita el margen disponible para inversión y otros programas. Con EFE