Abogado de Carlos Mattos asegura que no existe relación financiera entre su cliente y Emilio Tapia
Después de que se conocieran rumores acerca de una supuesta relación económica y/o comercial entre Emilio Tapia y Carlos Mattos, Iván Cancino, abogado de este último, desmintió la información. El litigante emitió un comunicado de prensa este 17 de febrero en el que señala que el empresario y el contratista sólo tienen relación porque están recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá. Enfatizó en que no hay vínculos más allá del apoyo humanitario que Tapia le ofreció a Mattos en el lugar.
“Más allá de eso no existe de parte del señor Emilio Tapia ninguna función de asesoría o consejo, que involucre temas económicos, personales o familiares de Carlos Mattos Barrero. Puedo afirmar que no hay en curso ninguna relación económica o de colaboración financiera entre los citados. Y, menos, ningún contacto entre el señor Emilio Tapia y el suscrito”, dice el comunicado.
Hay que recordar que Emilio Tapia está recluido en La Picota desde el pasado 9 de octubre, cuando se le revocó una medida de casa por cárcel debido a que habría violado las condiciones del beneficio en repetidas oportunidades.
Tapia fue condenado en el caso del carrusel de contratación en Bogotá. Además, el año pasado también se vio involucrado en en el billonario contrato entre la Unión Temporal (UT) Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el que desaparecieron 70.000 millones de pesos destinados a conectar a internet a las áreas rurales del país.
De hecho, esta semana la Fiscalía General de la Nación informó que en los próximos días definirá una fecha exacta para que Tapia, junto a Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, vayan a juicio.
En un documento de 44 páginas, en el que se describen las acciones de cada uno de los imputados en el entramado de corrupción, se asegura que Tapia tenía bajo su control el manejo de varias de las empresas de la Unión Temporal mediante testaferros. Así fue como diseñó los contratos que facilitaron el desembolso de la garantía falsa que sirvió para la adjudicación del millonario contrato con el Ministerio TIC por más de un billón de pesos.
Cabe anotar que uno de los rumores de vínculos comerciales entre Mattos y Tapia aseguraban que este último le pidió plata prestada al empresario para devolver los 70.000 millones de pesos que desaparecieron del anticipo del escándalo de Centros Poblados.
En el caso de Mattos, el empresario llegó a La Picota el 17 de noviembre, cuando fue extraditado desde España, donde se encontraba desde 2018. La puja por lograr su extradición fue intensa, pero se logró el año pasado. Inicialmente fue aprobada en febrero, pero se retrasó en múltiples ocasiones, tanto por recursos interpuestos por la defensa del empresario, como por quebrantos de salud que él mismo estaba experimentando.
Ahora, aquí en Colombia, Mattos está siendo procesado por corrupción judicial, ya que es señalado de pagar cerca de 2.600 millones de pesos a dos jueces de Bogotá y varios funcionarios de la rama judicial para conseguir que fallaran medidas cautelares a favor de la empresa Hyundai Colombia Automotriz, entidad que presidía.
En primer lugar, habría pagado al menos $2.500 millones entre 2015 y 2016 a varios funcionarios judiciales y al juez Reinaldo Huertas para que desviaran una demanda en contra de Hyundai hacia el despacho de este último. Después habría pagado por lo menos $100 millones a la jueza Ligia del Carmen Hernández para que ordenara inspeccionar una filial que era la competencia directa de Hyundai en Colombia. No obstante, la magistrada fue descubierta por la Fiscalía y en 2019 recibió una condena de dos años de prisión. Con Infobae