David Racero se defendió ante la posibilidad de perder su investidura
El congresista David Racero, representante del Pacto Histórico, catalogó como una “persecución política” la demanda admitida por el Consejo de Estado en su contra.
Esta demanda se relaciona con presuntamente exceder los topes de financiación en su campaña legislativa del año 2022. Racero sostuvo que no se ha cometido ninguna irregularidad y que las normativas electorales han sido cumplidas rigurosamente.
El Consejo de Estado aceptó la demanda por pérdida de investidura bajo la acusación de que el congresista podría haber sobrepasado los límites de financiación permitidos para su campaña.
El tope máximo de gastos para una lista en Bogotá, según las regulaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), era de veinte mil millones de pesos. Sin embargo, Racero afirmó que su grupo político únicamente gastó 2.800 millones de pesos (aproximadamente 715.500 dólares), muy por debajo del límite establecido.
Intentando esclarecer la situación, Racero explicó que “lo importante es que no se haya pasado por encima del gasto total de la lista”. Aseguró que durante la campaña, la lista cerrada del Pacto Histórico solicitó todas las indicaciones pertinentes al CNE para asegurarse de no incurrir en ninguna brecha legal.
El congresista también señaló la reglamentación previa a la campaña, por parte del CNE, que establecía claramente los topes de gasto. Según Racero, su grupo político apenas gastó el 15% de lo permitido, “en una campaña electoral como se la gastan otros partidos, como Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde”. En sus declaraciones, Racero manifestó que la devolución del dinero invertido, realizada por el CNE el año pasado, forma parte de los procedimientos normales aplicados a todos los partidos.
El representante expresó que, en este caso particular, se ha focalizado en su figura como “cabeza de lista” para imputar las supuestas irregularidades, pero reafirmó que las cuentas están claras y que “no hay ninguna irregularidad, no hay ninguna ilegalidad”.
Este señalamiento se alinea con la devolución del dinero que el CNE ejecutó, indicando que todas las operaciones fueron realizadas dentro del marco legal.
El miembro del Pacto Histórico recalcó la conformidad de sus actos con las normativas vigentes, indicando que tanto él como su partido actuaron conforme a lo establecido por la autoridad electoral. Su defensa se basa en el cumplimiento estricto y la validación por parte del Consejo Nacional Electoral.
Racero expresó su preocupación por las recientes decisiones del Consejo de Estado que han afectado a miembros de su movimiento político. Estas decisiones incluyen la pérdida de curules de figuras prominentes como Roy Barreras y Alexander López, quienes actualmente forman parte del Gobierno.
David Racero destacó que estas acciones constituyen “otra clara muestra de la persecución política” que, según él, sufren los militantes del Pacto Histórico, especialmente en la Cámara de Representantes. En una declaración a medios, el legislador enfatizó que se está “hilando muy fino” en los fallos emitidos por el Consejo de Estado, lo que él considera un patrón preocupante de intervenciones judiciales en contra de su bancada.
El Consejo de Estado ha dictado varias sentencias que han sido interpretadas como adversas para el Pacto Histórico. Entre los casos más notables están las decisiones que provocaron la salida del Congreso de Barreras y López. Este último destacó la gravedad de estas decisiones, señalando que un fallo adverso en su contra implicaría “no solamente salir del Congreso sino una muerte política”, ya que la pérdida de investidura le impediría presentarse a futuros cargos públicos.
A pesar de sus preocupaciones, Racero manifestó tener “confianza” en que el tribunal fallará conforme a los derechos, ya que “los argumentos jurídicos están” y no hay “ningún tipo de violación del tope de gastos”. Según el congresista, el tema en cuestión es puramente procedimental, y destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había avalado este procedimiento previamente.
El contexto de esta situación se enmarca en un ambiente político tenso donde varias fuerzas intentan dirimir sus diferencias en el ámbito judicial. Racero reiteró, en declaraciones recogidas por medios nacionales, su postura de que las decisiones tomadas por el Consejo de Estado son indicativas de una persecución política orquestada en contra del Pacto Histórico.
Alexander López también se pronunció sobre el asunto, subrayando que las decisiones judiciales recientes no solo afectan a los individuos involucrados, sino que socavan la representación del Pacto Histórico en el Congreso. López añadió que estas decisiones ponen en riesgo la continuidad de su carrera política y dificultan la posibilidad de que otros miembros de su movimiento accedan a cargos públicos. Con Infobae