60 años de cárcel para dos implicados en violación a una joven en el cerro Hurtado
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar, condenó a Jorge Luis Altamar Armenta y Nelson José Guerrero Almanza a 60 años de prisión, por su participación en un caso de secuestro, violencia sexual y hurto que tuvo como víctima a una joven de 24 años.
La sentencia los declaró responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple, acceso carnal violento agravado y hurto calificado agravado, por hechos ocurridos el 15 de marzo de 2025 en un sector ubicado detrás de la fábrica DPA, en la capital del Cesar.
Las investigaciones establecieron que cinco hombres participaron en el ataque. Entre ellos figuran Jesús Manuel Torregrosa Ramos, Marlon Antonio Acosta Gómez y Luis Fernando Huguita, alias ‘El Feo’, quien previamente fue condenado a 40 años de prisión por su participación en este caso que causó indignación en Valledupar.
Según el proceso judicial, los agresores interceptaron a una pareja que se movilizaba en motocicleta por una zona cercana al balneario Hurtado. Utilizando armas de fuego y elementos cortopunzantes, los obligaron a dirigirse a un lugar apartado, donde la mujer fue víctima de agresión sexual, mientras que su compañero sentimental fue inmovilizado con cuerdas.
Posteriormente, el hombre logró liberarse y alertó a las autoridades, lo que permitió activar la búsqueda de los responsables.
Las capturas se produjeron luego de que investigadores encontraran la motocicleta de las víctimas en la margen derecha del río Guatapurí, junto con varios objetos que habían sido reportados como hurtados.
Entretanto, Jesús Manuel Torregrosa Ramos y Marlon Antonio Acosta Gómez continúan recluidos en un centro penitenciario mientras avanza el juicio en su contra. Ambos se han declarado inocentes y no han aceptado cargos.
Durante el proceso, la defensa presentó recurso de apelación ante el Ministerio Público. El caso será revisado por un tribunal integrado por tres magistrados, que deberá valorar las pruebas existentes, entre ellas el reconocimiento realizado por la víctima y los resultados de las pruebas de ADN.
De acuerdo con la defensa, los análisis genéticos no vincularían a los procesados con los hechos investigados, situación que podría generar duda razonable dentro del proceso. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de la instancia judicial.