Yukpas y campesinos no están en guerra: autoridades indígenas piden atención del Estado

Tras los recientes hechos ocurridos el pasado 1 de junio en la vereda El Once, zona rural de este municipio, donde se presentó una tensa situación entre miembros de la comunidad yukpa y campesinos, las autoridades indígenas del pueblo Yukpa negaron que exista una confrontación o “guerra” entre ambos sectores y responsabilizaron al abandono estatal por la crisis humanitaria que enfrentan.

De acuerdo con las denuncias, el conflicto se desató luego de que algunos habitantes reportaran el sacrificio de 11 reses por parte de los yukpas. Sin embargo, la comunidad indígena aseguró que se trató de una medida desesperada ante la crítica situación de hambre y desatención en la que viven.

Viviana Estrada Estrada, consejera de mujeres del resguardo Iroka, explicó que la acción fue colectiva y motivada por la necesidad de subsistir. “No fue una decisión impulsiva. Fue una respuesta al hambre. Estamos siendo desplazados en nuestro propio territorio por una ganadería extensiva que afecta nuestros cultivos, nuestras fuentes de agua y nuestra forma ancestral de vida”, afirmó en un comunicado oficial.

Los yukpas reiteraron que las zonas medias y altas de la Serranía del Perijá, en particular el área del río Casacará, no son aptas para la ganadería extensiva, debido a su fragilidad ambiental. Aseguran que esta práctica está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la región, incluida la disponibilidad de agua para comunidades rurales y actividades agroindustriales.

Además, la comunidad recordó que su situación ha sido reconocida como crítica por la Corte Constitucional, que ha emitido sentencias como el Auto 004 de 2009, la ST-713 de 2017 y la ST-375 de 2023, donde se advierte el riesgo de exterminio físico y cultural del pueblo Yukpa debido al hacinamiento territorial, la inseguridad alimentaria y la falta de atención institucional.

Casos como el envenenamiento de dos niños en 2018 y la muerte de cinco menores en 2024 tras el contacto con el plaguicida Lorsban, prohibido desde 2022, reflejan la gravedad de la crisis. “Estos hechos se habrían evitado si se hubieran cumplido las órdenes de la Corte”, sostienen.

Ante las críticas de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), los yukpas lanzaron una pregunta contundente: “¿Por qué indigna más la muerte de unas reses que la de nuestros niños por desnutrición y envenenamiento?”.

No obstante, la comunidad indígena ha manifestado su disposición al diálogo. Han invitado al presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, a un encuentro para exponer su realidad. “Queremos un diálogo genuino que reconozca nuestra dignidad y que no distorsione nuestras prácticas ancestrales para fomentar el odio y la exclusión”, afirmaron.

En un acto de institucionalidad, los seis gobernadores del Pueblo Yukpa se reunieron recientemente con el comandante del Ejército Nacional, mayor general Luis Emilio Cardozo Santa María, a quien manifestaron su respaldo para fortalecer la presencia militar como forma de proteger su territorio.

El comunicado concluye con un mensaje de reconciliación: “No estamos en guerra. Compartimos con los campesinos el abandono estatal y el sufrimiento causado por el conflicto armado. Es el Gobierno el que debe garantizar nuestros derechos por igual”.

Las autoridades yukpas también hicieron un llamado urgente a proteger la Serranía del Perijá, especialmente sus zonas medias y altas, que son vitales para la producción de alimentos, el café, la conservación del agua y la producción de oxígeno. “Estas tierras no pueden seguir siendo entregadas a la ganadería extensiva. Son esenciales para nuestra supervivencia y para el bienestar de toda la región”, concluyeron.