La Procuraduría debe investigar presunta «toma ideológica” de la ANLA
La senadora y aspirante presidencial María Fernanda Cabal advierte sobre posibles irregularidades en el nombramiento de perfiles no técnicos en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Cabal radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de investigación por posibles irregularidades en el reciente cambio del manual de funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Según la congresista del partido Centro Democrático, la Resolución 000686 del 14 de abril de 2025, firmada por el entonces director encargado Edilberto Peñaranda, modificó los requisitos para acceder a cargos clave dentro de la ANLA, abriendo la puerta a profesionales de áreas como la Filosofía y la Teología en roles de naturaleza técnica, como la Subdirección Técnica, Asesorías Especializadas y el Despacho del Director General.
“La ANLA no puede convertirse en un fortín ideológico del gobierno”, afirmó Cabal en su cuenta de X, en alusión a lo que considera un intento del petrismo por reemplazar el criterio técnico por afinidades ideológicas. También comparó esta situación con lo sucedido durante la polémica gestión de Irene Vélez en el Ministerio de Minas y Energía.
Cabal sostiene que estos cambios se habrían hecho antes del nombramiento de la nueva directora de la ANLA con el propósito de facilitar la entrada de personas cercanas al gobierno sin la formación técnica requerida. En el documento radicado ante la Procuraduría, sustenta su denuncia en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 1952 de 2019, y en el artículo 6 de la Constitución, argumentando que se estaría violando el principio de mérito e idoneidad en el acceso a la función pública.
La senadora solicita que el ente de control determine si hubo:
- Un favorecimiento indebido a personas con vínculos políticos o personales.
- Una extralimitación en el uso del poder administrativo.
- Faltas disciplinarias sancionables conforme a la ley.
Desde el Ministerio de Ambiente aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial. No obstante, fuentes cercanas a la entidad señalan que los ajustes en el manual de funciones buscan fomentar enfoques interdisciplinarios y fortalecer la participación ciudadana.
El caso reabre el debate sobre la politización de las entidades técnicas del Estado y los límites de la discrecionalidad administrativa en los procesos de selección.
La Procuraduría deberá ahora decidir si inicia una investigación formal que podría sentar un precedente sobre la defensa del mérito en la función pública.