La reforma pensional, crónica de una muerte anunciada…

La Ley 2381 de 2024, a través de la cual se materializó la reforma pensional, tiene previsto regir a partir del 1° de julio de 2025, norma que cambia radicalmente las reglas de juego en la materia ya que Colpensiones entraría a administrar gran parte de los ahorros de los colombianos.

Lo anterior, debido a que la reforma prevé que los primeros 2.3 salarios mínimos de un cotizante serían administrados por el fondo público y el excedente estaría a cargo de una administradora del régimen de ahorro individual -Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI)-; en nuestro país las cotizaciones que se efectúan sobre el salario mínimo constituyen aproximadamente el 70% del mercado.

A la anterior cifra, habría que sumarle los demás afiliados que en la actualidad ostenta Colpensiones, en su mayoría trabajadores y funcionarios públicos que devengan más de dicho monto.

En todo caso, se estableció en la referida ley, que sería Colpensiones la entidad encargada de reconocer y pagar las pensiones de los colombianos, labor que adelantaría trabajando coordinadamente con las empresas del sector privado; cabe puntualizar que la reforma abrió una ventana de oportunidades para que las personas pudieran cambiar de régimen, ampliando así las opciones previstas anteriormente en las normas aplicables.

A modo de información, por si se salva la reforma, en lo que respecta a los requisitos para pensionarse, se mantuvieron en 1.300 semanas cotizadas y 57 años en el caso de las mujeres y 62 años para los hombres; no obstante, se dispuso que las semanas de cotización requeridas para las mujeres disminuirán gradualmente a partir del 2025 hasta llegar a 1.000 semanas en el 2036.

Ahora bien, cuando apenas los abogados nos estamos familiarizando con los cambios introducidos con la reforma pensional, fue radicada en la Corte Constitucional la ponencia que le daría la estocada final a esta ley, lo que adquiere una gran relevancia, teniendo en cuenta que este ha sido el mayor y único proyecto que el gobierno ha logrado que se apruebe por parte del legislativo.

Así las cosas, el proyecto de fallo elaborado por el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, acoge los argumentos expuestos en la demanda incoada por la senadora Paloma Valencia, quien afirmó que el Congreso de la República incurrió en vicios de trámite al aprobar la reforma pensional, ya que se impidió que la Cámara de Representantes debatiera el articulado aprobado en el senado, lo que habría transgredido el principio de consecutividad consagrado en el artículo 157.2 de la Constitución Política de Colombia.

Pues bien, muy seguramente esta tesis será aceptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, lo que generaría un nuevo motivo de desdicha para el Presidente de la República, quien manifestó en la primera cumbre de gobernadores que se llevó a cabo este año, que su paso por el cargo más importante del Estado le ha significado un episodio infeliz en su vida; lo peor de todo, es que muchos compartimos el mismo sentimiento, especialmente porque estamos atravesando una de las mayores crisis de orden público de los últimos años y un déficit fiscal que impacta drásticamente en nuestra golpeada economía.

Los que también mostraron su profundo descontento fueron precisamente los que escucharon de primera mano la confesión que hizo el mandatario, ya que los gobernadores expusieron todos sus inconformismos, como fue el caso de la Gobernadora del departamento del Chocó, ¡en realidad no se guardaron nada! y eso que no estuvo presente el Gobernador de Antioquia; efectivamente las cosas no marchan bien en las regiones y por ende en el país en general.

En este contexto, evidentemente la anulación de la reforma pensional sería un punto de quiebre para este gobierno, y lo más paradójico, es que considero que esta catástrofe que se avecina pudo haberse evitado, simplemente hacía falta alguien que tuviera la capacidad de lograr acuerdos en el congreso y así no hubiera sido necesario llegar al extremo de lograr la aprobación de proyectos haciendo uso de estrategias poco ortodoxas, como sucedió en el caso de la reforma pensional.

Todos hemos sido testigos que el gobierno del cambio se ha auto infringido los golpes más certeros que ha sufrido en estos más de dos años y medio de mandato, de los cuales, indiscutiblemente, uno de los más contundentes fue la crisis que protagonizaron Armando Benedetti y Laura Sarabia, escollo que al parecer se encuentra actualmente superado.

En efecto, Sarabia hoy en día ostenta el principal cargo diplomático del país, mientras que Benedetti funge como Jefe de Despacho Presidencial, aunque ejerce funciones propias de un Ministro del Interior, convocando a Congresistas de deferentes partidos a reuniones para que le den trámite a los proyectos legislativos que se encuentran estancados; definitivamente en el gobierno hizo falta alguien que liderara desde un principio esta ardua tarea, y guste o no, en mi opinión, el ideal para haber realizado esa labor, era Armando Benedetti, alguien que pasó gran parte de su vida en el ambiente caótico del Senado, en el cual se desenvolvió cómodamente.

Al margen de los muchos cuestionamientos que rondan el polémico nombre que mencioné, como el mismo presidente lo reconoció, el papel del hoy jefe de Despacho fue determinante en la campaña, tanto así que sin su compromiso difícilmente se hubiera logrado el objetivo; entonces, lo más sensato era aplicara la misma lógica y haberlo encargado de obtener las mayorías que se requerían en el Congreso para que se aprobaran los principales proyectos de ley.

A mi juicio, excluir a Benedetti del lugar que se había ganado, fue un error que pagó caro el presidente, quien no fue capaz de encontrar una figura que liderara en el Congreso de la República sus proyectos insignia. Si en el gobierno del cambio no había espacio para un político como Benedetti, no debió habérsele permitido su ingreso a la campaña, en la cual desempeñó un rol protagónico.

Se ha dicho que el Ejecutivo intentó sobornar congresistas con dineros destinados a socorrer a las personas más necesitadas en nuestro país, como lo son los que administra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); lo cierto es que, si la justicia logra determinar que existió dicha conducta, esta no logró su objetivo, ya que los múltiples proyectos vitales para la visión de país que tiene el presidente penden de un hilo.

Claro que el presidente ha tenido muestras de buena voluntad con la Rama Legislativa, como fue el caso de la designación en la terna para la elección del Procurador General de la Nación a un candidato con el que la mayoría de los congresistas estaban a gusto, quien precisamente resultó electo para ejercer esa alta dignidad; lo mismo se puede decir respecto a muchos partidos políticos a los que se les ha entregado participación en el gobierno a través de ministerios, sin embargo, a la fecha no se ven resultados positivos para el Ejecutivo.

Este gobierno está quemando sus últimos cartuchos y está dispuesto a negociar sin sectarismos, así que el tiempo nos dirá si el efecto Benedetti logrará lo que parece imposible, que se consigan las mayorías requeridas para que se apruebe un proyecto de alto impacto.

Luís Alfredo Velásquez Maestre
Abogado Especialista en Derecho Administrativo
@abogluisvelasquez