Petro reactivó el debate sobre el caso de ‘Los 12 Apóstoles’ al señalar que actuaron por “odio político”
El presidente Gustavo Petro reavivó el debate sobre el caso de “Los 12 Apóstoles”, un grupo paramilitar que operó en los años noventa en el departamento de Antioquia y cuya historia está vinculada a la familia Uribe Vélez. En una publicación en su cuenta de X, el mandatario compartió el testimonio de una defensora de derechos humanos que relató episodios de violencia extrema, enfocando el análisis hacia la motivación política detrás de estas masacres.
Petro se refirió a la publicación de Derli López, una activista y defensora de derechos humanos, que detalló un crimen perpetrado por este grupo paramilitar en Campamento, Antioquia. Según la mujer, Los 12 apóstoles asesinaron a dos menores en medio de la violencia.
El presidente describió la masacre como un acto de “odio político” y “sectarismo”, haciendo énfasis en cómo estos ataques fueron disfrazados de “acciones de guerra” para justificar la brutalidad dirigida hacia militantes de la Unión Patriótica (UP), un movimiento de izquierda que fue duramente reprimido en la época.
“Este asesinato de dos niñas por ‘los doce apóstoles’ (…) se produjo en medio de una masacre de militantes de la Unión Patriótica”, afirmó Petro al citar el relato de López.
La narrativa de López aporta detalles sombríos sobre la violencia ejercida por el grupo. En su hilo de publicaciones, la mujer narró cómo un niño sobreviviente llamado Darwin fue testigo de la masacre y perdonado para que pudiera contar la historia, sirviendo como advertencia a la comunidad. Según su testimonio, el menor, de apenas ocho años, logró salvar a un bebé en medio del ataque, un evento que dejó profundas secuelas psicológicas en él y en la comunidad.
Estos hechos, descritos con crudeza por la activista, dibujaron un panorama sombrío de los años de violencia que azotaron a Antioquia.
“Lo dejaron con vida para que relatara el horror de lo ocurrido, aterrorizando a toda la comunidad”. La activista añadió que la masacre fue encubierta bajo el argumento de que los asesinados eran guerrilleros, una estrategia recurrente en varias masacres perpetradas por paramilitares en complicidad con fuerzas de seguridad.
El pronunciamiento de Petro en redes sociales sobre este caso no solo ha traído de vuelta el tema de ‘Los 12 Apóstoles’ a la esfera pública, sino que puso de nuevo en la palestra el debate sobre la conexión entre la política, el paramilitarismo y la violencia en Colombia.
El origen y controversia de “Los 12 Apóstoles”
La historia de este grupo paramilitar es objeto de investigaciones y libros, como El clan de los doce apóstoles, de la periodista Olga Behar. En su obra, la escritora reveló los testimonios de exmilitares y oficiales que aseguran que el grupo fue fundado y financiado en la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez.
Uno de los testimonios más significativos es el del mayor Juan Carlos Meneses, excomandante de la policía en Yarumal, que declaró que Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, estaba estrechamente vinculado al grupo paramilitar y que, según él, utilizaba la hacienda La Carolina como centro de operaciones y entrenamiento para paramilitares.
Meneses recordó cómo, supuestamente, en el lugar se encontraban individuos uniformados y armados, portando fusiles R-15 y AK-47, equipo característico de los paramilitares. El uniformado relató: “Allí era donde entrenaba físicamente a los que después participaban en las acciones ordenadas por Santiago Uribe (…) Me decía que políticamente estaba muy bien conectado”.
Este testimonio implicaba no solo a Santiago Uribe, sino a sectores de la fuerza pública, al señalar un aparente respaldo a nivel estatal y militar hacia el accionar de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En este sentido, Santiago Uribe fue investigado en varias ocasiones por sus supuestos vínculos con “Los 12 Apóstoles”; sin embargo, el caso fue archivado y reabierto en diferentes momentos sin llegar a un veredicto definitivo, lo que suscitó críticas sobre la impunidad en el país cuando los involucrados son figuras de alto perfil.
Como relató Meneses, las pruebas iniciales fueron desestimadas en 1999, y el proceso quedó en el olvido hasta que en 2010 él mismo presentó un nuevo testimonio ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). A pesar de este y otros testimonios, como el del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y el del extrabajador de la finca Eunisio Pineda Luján, la justicia aún no da una sentencia definitiva en el caso del hermano del líder del partido Centro Democrático. Con Infobae