Alejandro Gaviria cuestionó transición democrática en Colombia
El exministro de Salud y académico Alejandro Gaviria encendió un debate político en la tarde del domingo 10 de noviembre de 2024, al expresar en redes sociales sus dudas sobre la posibilidad de una transición de poder pacífica y democrática en las elecciones presidenciales de 2026.
Gaviria, a través de su cuenta en X, afirmó que existen factores que ponen en riesgo la transparencia y estabilidad del proceso electoral, pues señaló directamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro como uno de los responsables de minar la confianza en el sistema electoral.
En su video, Gaviria cuestionó las garantías de un traspaso de poder ordenado en 2026, afirmando que “el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, se ha dedicado de manera sistemática a minar la confianza en las instituciones electorales en general y en la Registraduría en particular”.
Según Gaviria, este debilitamiento de las instituciones sería parte de “una estrategia deliberada” del Gobierno para imponer su agenda y potencialmente obstaculizar un relevo presidencial en caso de perder las elecciones.
Para sustentar sus preocupaciones, Gaviria señaló tres factores clave. En primer lugar destacó que el Gobierno ha mantenido una postura crítica hacia la Registraduría, señalando que los funcionarios de la administración Petro han cuestionado constantemente su transparencia.
“Los demócratas se definen por su disposición a perder. Esto es, aceptan las reglas de juego democráticas y, si pierden, conceden sin dilación. Petro no parece estar dispuesto a eso”, comenzó por explicar Gaviria.
La segunda preocupación que mencionó el exministro está relacionada con un “hostigamiento deliberado, presupuestal y legal a la Registraduría General de la Nación”, situación que se ha intensificado, según él, en los últimos días.
Gaviria subrayó la reciente intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la Registraduría, un hecho que consideró un intento de presión sobre la institución encargada de la logística y el control de los comicios.
Este proceso de investigación, que incluyó cargos contra funcionarios de la Registraduría, añade, según Gaviria, una tensión innecesaria al proceso electoral.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un comunicado el pasado 8 de noviembre de 2024, en el cual informó sobre la imputación de cargos a nueve funcionarios de la Registraduría por, presuntamente, obstruir una investigación administrativa de marzo de 2024.
Dicha investigación tenía como propósito verificar el cumplimiento de normativas de libre competencia en la contratación estatal. La SIC explicó que los funcionarios habrían omitido órdenes y solicitado acceso a dispositivos electrónicos, lo cual, según la entidad, podría haber dificultado el desarrollo de sus funciones.
La intervención de la SIC en la Registraduría, de acuerdo con el comunicado oficial, fue respaldada por el Procurador Delegado para la Vigilancia de la Función Pública, en un esfuerzo por asegurar la transparencia y la confidencialidad de la información recolectada durante las visitas; sin embargo, esta acción ha sido vista con escepticismo por algunos sectores de la oposición, que ven en estos movimientos una intromisión en la independencia de la Registraduría.
Gaviria también advirtió sobre las implicaciones prácticas de estas tensiones en el proceso logístico de las elecciones de 2026.
En este sentido, argumentó que el Gobierno estaría dispuesto a involucrarse directamente en los contratos de logística para el preconteo y la distribución de material electoral en todo el país, lo cual podría derivar en complicaciones para garantizar el desarrollo efectivo y oportuno de las elecciones.
“El Gobierno, en cabeza del presidente Petro, se va a involucrar en este proceso. Va a ejercer a la brava un poder de veto. No importa que esto genere traumatismos en las elecciones”.
El exministro concluyó su reflexión señalando que estos hechos podrían constituir “el verdadero golpe blando a la democracia colombiana”, expresión que fue interpretada por algunos sectores como una advertencia seria sobre el riesgo de una alteración democrática. Con Infobae