Investigación del CNE a campaña Petro: magistrada Martínez denuncia problemas de seguridad

No para el huracán político que provocó el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir pliego de cargos contra la campaña Petro Presidente, con la que el actual jefe de Estado llegó a la Casa de Nariño en 2022.

Tras conocerse el inicio de ese proceso, el mandatario no solo ha insistido en su diatriba de que se trata del inicio de un “golpe de estado blando” o “golpe de las corbatas”, sino que la emprendió contra los magistrados del organismo electoral.

El presidente del CNE, César Lorduy, fue uno de los primeros que descalificó y recordó que resultó impune dentro de un proceso penal que le llevaron por un homicidio.

“El señor Lorduy ha sido vinculado a casos graves, como el asesinato de una novia que tenía”, señaló Petro sobre el magistrado en la alocución presidencial que llevó a cabo la noche del martes.
María Fernanda Cabal acusó a Gustavo Petro de “atacar la institucionalidad” y pidió ayuda al Congreso de EE. UU.

También la emprendió contra Álvaro Hernán Prada, que fue la cuota del partido Centro Democrático dentro de la autoridad electoral y que estaría implicado en la presunta manipulación de testigos por la que procesan penalmente al expresidente Álvaro Uribe, que es señalado de que hizo ofrecimientos a exparamilitares para que atestiguaran en contra del senador Iván Cepeda para que aseguraran que por el contrario fue el congresista el que les prometió beneficios para que lo involucraran con grupos contrainsurgentes.

“El señor Prada está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia penalmente por comprar testigos para favorecer a Uribe”, aseveró.

Y la emprendió, además, contra la magistrada Maritza Martínez, que también votó para que se iniciara la investigación contra su campaña.

“La señora Maritza, hasta hace poco, era la esposa de un paramilitar condenado o procesado que era jefe político del Meta. Estos son los personajes que están tomando decisiones sobre el voto popular”, la descalificó.

Por estas acusaciones, la integrante del CNE denunció que ahora tiene “problemas de seguridad”, a través de un comunicado que publicó en la noche del miércoles 9 de octubre.

“Las sugestivas, imprecisas y falsas acusaciones, de las que hacen eco los subalternos y seguidores del Jefe de Estado dejan expuesta la seguridad y la integridad física mía y de mi familia”, afirmó.

En la misiva, Martínez señaló ante “la opinión pública” que mantenía un “compromiso inquebrantable con el debido proceso” del “ejercicio” de sus “funciones”, por lo que señaló de desproporcionado que el mandatario reaccionara en su contra de esa manera y sus allegados.

“Ahora, resultado del cumplimiento de las funciones que corresponden al Consejo Nacional Electoral y por las decisiones que ha tomado la corporación en los últimos días, el señor Presidente de la República ha iniciado una campaña de desprestigio que lesionan gravemente mi buen nombre, honra y reputación como la de mi cónyuge”, reprochó.

Finalmente instó a Petro para que “cumpliera las funciones propias de Jefe de Estado” y fuera “garantía de la unidad nacional”.

Desde que Petro conoció la decisión del CNE ha hecho un llamado a la movilización de los ciudadanos para que lo respalden ante lo que ha reiterado que es el inicio de un “golpe de Estado”, por lo que entre los primeros en responder a su llamado, han estado las centrales obreras, que anunciaron que el próximo 23 de octubre llevarán a cabo una primera manifestación.

“La decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar al presidente de la república es una violación flagrante a la constitución y a la ley, es un quiebre de la vida institucional del país y por tal motivo, hace parte del complot integral de un golpe de estado”, indicaron en un comunicado, en la noche del mismo martes. Con Infobae