Navarro Wolff denunció que lo atacaron en plena vía pública
Mediante sus redes sociales el exgobernador, exalcalde, excongresista, exguerrillero del M-19, y actual copresidente del Partido Verde, Antonio Navarro Wolff, fue víctima de un intento de ataque contra su humanidad. El hecho, que fue denunciado por el mismo político a través de redes sociales, ocurrió durante la tarde del domingo 3 de marzo.
De acuerdo con la denuncia del exgobernador de Nariño un hombre se abalanzó sobre él, pero gracias a la acción oportuna de su esquema de seguridad la situación no pasó a mayores: “Un desconocido se vino contra mí en la calle. Mi escolta reaccionó a tiempo impidiendo que pasara algo”.
Tras el trino de Navarro varias figuras nacionales y de la política, como el periodista Daniel Samper o la congresista Carolina Giraldo, expresaron su solidaridad y apoyo al político oriundo de Pasto. Hasta el momento no se ha logrado establecer la razón del intento de ataque en contra de la figura de la colectividad Verde, pero sí se ha confirmado que se encuentra bien.
Navarro ya había sufrido en el pasado un fuerte atentado que comprometió gravemente partes de su cuerpo, el ataque en contra del exguerrillero ocurrió durante mayo de 1985 en una cafetería en la ciudad de Cali. Durante este ataque, un militar le lanzó una granada que explotó cerca de donde estaba sentado Navarro. La explosión resultó en la pérdida de parte de su pierna y también le causó daños en un nervio de la lengua, lo que desde entonces ha afectado su habilidad para hablar.
La controvertida figura política del exguerrillero
Antonio Navarro Wolff es una figura política y ex guerrillero colombiano, reconocido por su amplia trayectoria en el ámbito político de Colombia. Participó inicialmente en el movimiento guerrillero M-19, una organización armada que se destacó en Colombia durante las décadas de 1970 y 1980. Navarro Wolff jugó un papel importante en el proceso de paz y la desmovilización del M-19, transformándose de guerrillero a político tras los acuerdos de paz a finales de la década de 1980.
Tras la desmovilización del M-19, incursionó en la política formal, ocupando diversos cargos públicos a lo largo de su carrera. Fue elegido como uno de los representantes del M-19 en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que redactó y promulgó la actual Constitución de Colombia. Posteriormente, ha servido en diferentes posiciones, incluyendo la Alcaldía de Pasto, la Gobernación de Nariño, y ha sido senador de la República en varias ocasiones.
En el marco legal colombiano, la agresión física contra cualquier ciudadano, incluyendo dirigentes políticos, puede acarrear serias consecuencias legales para el agresor. Este tipo de actos se tipifican principalmente como delitos contra la integridad personal y pueden clasificarse según su gravedad y las circunstancias en las que se cometan.
Lesiones personales: Dependiendo de la gravedad de las lesiones causadas, las sanciones pueden variar. Las lesiones leves pueden llevar a penas de prisión de 16 a 54 meses, según el Código Penal Colombiano. En caso de lesiones graves, que resulten en enfermedad mental o corporal, pérdida de un órgano o miembro, inutilidad de un órgano o miembro, deformidad, aborto, entre otros, las penas pueden ser de 64 a 180 meses de prisión.
Violencia contra servidor público: Dado que los dirigentes políticos son considerados servidores públicos, agredir físicamente a uno podría encuadrarse también bajo este delito. Las sanciones, en este caso, pueden incluir penas de prisión de 48 a 108 meses, además de multas económicas.
Amenazas: Si además de la agresión física, el agresor amenaza al dirigente político, podría enfrentar cargos adicionales por amenazas contra servidores públicos, lo que suma una pena potencial de 48 a 108 meses de prisión.
Es importante destacar que el sistema judicial colombiano también contempla agravantes que pueden incrementar la severidad de las sanciones, tales como la intencionalidad manifiesta de causar un daño más grave, el uso de armas, o cometer el delito aprovechando las circunstancias de la víctima, como su función pública. Con Infobae