Procuraduría confirma suspensión del canciller Leyva y lo investigará por desacato
La Procuraduría General confirmó este miércoles la suspensión provisional del canciller Álvaro Leyva Durán, por tres meses, y que fue ordenada el pasado 24 de enero por la Sala de Instrucción Disciplinaria de ese mismo organismo, al argumentar presuntas irregularidades del ministro tras declarar desierto el proceso de licitación de pasaportes.
El organismo informó en un comunicado que tras analizar los hechos, pruebas, responder a los alegados de la defensa de Leyva y verificar la actuación procesal de la Sala que impuso la medida de suspensión, se determinó que el fallo fue adoptado legalmente.
La institución también resolvió que la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, tampoco «vulneró los derechos» ni «las garantías» del canciller mientras se formularon los cargos en su contra, porque la alta funcionaria no afectó la imparcialidad, ni hizo comentarios o calificativos, cuando se anunció que Leyva habría cometido dos faltas disciplinarias «gravísimas» al extralimitarse «en el cumplimiento de sus funciones» por el tema de las licitaciones.
La Procuraduría añadió que el Ministerio Público, además de los primeros cargos que impuso al canciller hace un par de semanas atrás, le abrirá una nueva investigación por presunto «desacato» a la medida de suspensión provisional, al señalar que el alto funcionario continuó en su gestión como titular de Exteriores, «a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata».
Leyva, indicó la Sala, habría tomado decisiones y enviado comunicaciones como titular de la Cancillería, a pesar de «que se encontraba apartado del cargo» al estar «inhabilitado». Además investigará informaciones de medios locales, en el que el ministro habría dicho que se apartaría del cargo solo si el presidente Gustavo Petro lo sustituye, lo que podría ocasionarle otra falta disciplinaria.
Entre tanto, la Procuraduría envió copias del caso a las Fiscalías Delegadas de la Corte Suprema de Justicia, para que evalúe «si el posible comportamiento del ministro de Relaciones Exteriores constituye alguna conducta penal que amerite ser investigada por esa entidad». Con RT