Suspenden por tres meses al canciller Leyva por escándalo de pasaportes
La Procuraduría General de Colombia ordenó la suspensión provisional de tres meses del canciller de ese país, Álvaro Leyva, tras formularle una serie de cargos por la suspensión de un proceso de licitación de pasaportes colombianos.
Esa institución considera que el alto funcionario se habría «extralimitado en el cumplimiento de sus funciones al declarar el proceso de licitación desierto».
La Sala Disciplinaria de Instrucción del organismo de control señaló que Leyva «habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo».
Hasta el momento no hay reacciones del ministro de Relaciones Exteriores ni del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Las dos faltas «gravísimas» de Leyva
La primera sería el haber declarado desierta la licitación 001 de 2023, «sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal».
La segunda se refiere a su declaración de «urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación», por lo que la Procuraduría profirió cargos en contra del canciller.
Leyva, recoge la página web de la Cancillería, consignó el pasado 14 de septiembre la resolución 7.541, en la que declaró «estado de urgencia manifiesta», que permite hacer una contratación directa, «por motivos de fuerza mayor», con el fin de garantizar el suministro de pasaportes en Colombia, por doce meses.
Esta decisión se tomó tras declarar desierta la licitación de pasaportes que se había abierto en mayo pasado.
La investigación abierta y las licitaciones
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el titular de Relaciones Exteriores y el secretario general de ese despacho, José Antonio Salazar, por presuntas irregularidades en la suspensión de ese concurso para elaborar el documento.
En esa oportunidad, la referida Sala señaló que al declararse «desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento», Leyva y Salazar podrían haber «vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria».
Según el organismo, el titular de Exteriores y el secretario general de ese ministerio «posiblemente pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad».
¿Qué pasó con las licitaciones?
El pasado 24 de octubre, Thomas Greg & Sons radicó ante la Procuraduría una solicitud de conciliación extrajudicial en la que exigía la adjudicación de un contrato para emitir pasaportes, o que el Ministerio de Relaciones Exteriores la compensara con 117.000 millones de pesos –poco menos de 29,4 millones de dólares– por ganancias no percibidas y daño reputacional.
Durante 17 años, la multinacional británica tuvo contrato de exclusividad con la Cancillería colombiana para expedir los pasaportes del país. Sin embargo, el último acuerdo culminó el 2 de octubre de 2023 y aunque se esperaba una renovación automática, no sucedió en medio de dudas del presidente sobre si habría otros oferentes.
En septiembre pasado, Leyva declaró desierto el proceso licitatorio y negó un recurso de reposición que pretendía dar continuidad al contrato, que ya había sido prorrogado automáticamente el año anterior. A partir de allí declaró la «urgencia manifiesta», que fue motivo para que la Procuraduría emitiera cargos en su contra. Con RT