martes, febrero 27, 2024
Judicial

La JEP entregó en Valledupar balance de gestión en 2023

Desde Valledupar, la Jurisdicción Especial para la Paz, entregó un balance de lo que ha sido su gestión en este 2023, en todo el territorio nacional. En este sentido, el presidente y el magistrado Roberto Carlos Vidal, y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez, indicaron que a través de sus investigaciones y hallazgos, la entidad ha contribuido a construir las memorias del conflicto para ofrecerle verdad y justicia al país, especialmente a las víctimas de más de 50 años de atrocidades.

El evento público transmitido en vivo desde la Universidad Popular del Cesar; contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y la magistratura, que le contaron al país cómo avanza la aplicación de justicia restaurativa, cuáles son los principales hallazgos y qué ha pasado con quienes no son hallados como máximos responsables. Además, se habló sobre el avance de los 11 macrocasos, de los enfoques étnico racial, territorial y de género y cómo se ha logrado materializar la participación de las víctimas en el proceso judicial.

Esta rendición de cuentas tuvo lugar en una zona del país que ha sido testigo de los avances de la JEP. Allí se llevó a cabo, en julio de 2022, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de 12 comparecientes imputados por asesinatos y desapariciones forzada en el marco del Caso 03, Subcaso Costa Caribe. Además, allí se viene realizando el trabajo de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, que se prepara para imponer las primeras sanciones a los integrantes de la fuerza pública que aceptaron responsabilidad por hechos perpetrados en la Costa Caribe.

“La jurisdicción decidió hacer su rendición de cuentas esta vez en Valledupar porque tenemos un trabajo muy fuerte en Cesar, La Guajira y Magdalena, donde hay una serie de casos que convocan a la investigación por parte de la magistratura y porque, además, queremos anunciar la apertura de una oficina permanente en este territorio, que va a facilitar la participación de las víctimas y toda la sociedad civil en nuestros procesos”, destacó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal.

Descentralizar la justicia y llegar a los territorios que sufrieron los impactos más fuertes del conflicto en Colombia ha sido una de las principales apuestas de la JEP. Acercar los procesos de la entidad a las comunidades estimula su participación y pone en el centro de la actuación judicial a quienes sufrieron crímenes como el secuestro, la desaparición forzada, asesinatos y desapariciones, en los que están involucrados todos los actores irregulares del conflicto, incluidos agentes del Estado, funcionarios públicos y terceros civiles.

Según el Departamento de Atención a Víctimas, la JEP ha acreditado casi a ocho mil víctimas individuales y a 300 sujetos colectivos, que integran cerca de 300 mil personas, para participar en el proceso judicial. De ellas, 925 se encuentran en la Costa Caribe y 1.068 se encuentran en proceso de acreditación en los 11 macrocasos abiertos, en esta región.

En los casos de los siete comparecientes que no aceptaron responsabilidad, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ya presentó ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad la acusación contra Luis Fernando Almario Rojas, en el marco del Caso 01, y contra los coroneles retirados Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez, en el Caso 03. De ser hallados culpables en este trámite adversarial, estos comparecientes se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.

Así mismo, este año la Sala de Reconocimiento de Verdad avanzó en el anuncio de cinco nuevas imputaciones. La primera de ellas, que se dio en el marco del Caso 05, que prioriza el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, imputó 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 integrantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis que hacían parte del antiguo Bloque Occidental de las extintas Farc-EP. Entre otros delitos, se imputan ataques contra la población civil, empleo de minas antipersonal, asesinatos y desapariciones de líderes de comunidades étnicas y campesinas, y persecución, reclutamiento y utilización de niñas y niños.

Al mismo tiempo que la Sala de Reconocimiento de Verdad avanzó con determinación en las imputaciones que activaron una nueva etapa procesal en la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concedió 656 libertades transitorias, condicionadas y anticipadas y rechazó los sometimientos de 2.857 personas que habían solicitado su ingreso a la entidad. Uno de ellos, precisamente, fue el del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, por no aportar verdad plena. Por el contrario, este año, la Jurisdicción aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que Mancuso, como sujeto bisagra o punto de conexión, tuvo el poder para “mover los hilos” de estructuras militares, empresariales, políticas e incidir en agentes del Estado de alto rango.

En total, a la JEP se han sometido alrededor de 14 mil comparecientes para resolver su situación jurídica. Entre ellos, 9.877 de las Farc-EP, 3.873 de la fuerza pública y 184 entre agentes de Estado y civiles.

La Jurisdicción, además, ha excluido o expulsado a 74 comparecientes. Por su parte, la Sala de Amnistía o Indulto ha otorgado 660 amnistías y ha definido 457 libertades condicionadas a excombatientes de las extintas Farc-EP. Así mismo, la magistratura ha entregado de manera digna a sus familias, los cuerpos de 47 víctimas de desaparición forzada

El balance entregado por la JEP indica que, a la fecha, la entidad recibió 1.052 informes de organizaciones de víctimas, de la sociedad civil y de instituciones del Estado que sirvieron de base para abrir los macrocasos, entre ellos los cuatro nuevos que fueron anunciados y que terminan de delimitar el universo de crímenes que serán investigados, juzgados y sancionados por la JEP.

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