Captura de poderoso empresario salvadoreño en Bogotá habría sido ilegal
José Ofilio Gurdian Lacayo, un poderoso empresario salvadoreño prófugo de la justicia, completa 26 días privado de la libertad en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá.
Fue capturado al llegar al aeropuerto El Dorado en un vuelo procedente de San Juan de Puerto Rico, el 5 de noviembre de 2023, y su destino final era Londres, Inglaterra. Tenía circular roja de la Interpol porque llevaba años siendo buscado por las autoridades de su país por delitos ambientales.
Él, junto a varios miembros de su familia, son acusados de afectar a más de 7.000 personas en el municipio de San Juan Opico por la contaminación con plomo de una vieja fábrica de baterías de su propiedad.
Pero, según informó el diario El Tiempo, los abogados del salvadoreño le enviaron un oficio a la Fiscalía General de la Nación el 23 de noviembre en el que piden que se declare ilegal su captura y sea liberado inmediatamente, porque habrían violado sus derechos durante su retención en El Dorado.
Lo primero que argumentan los abogados de Gurdian Lacayo es que él no debía hacer trámites de inmigración en Colombia porque solamente estaba de paso. Por eso, al bajar del avión abordó un bus de Avianca que llevaría a todos los pasajeros del avión a la terminal internacional para esperar su vuelo de transbordo.
Sin embargo, fue retenido forzosamente por agentes de la Interpol cuando se bajaba del vehículo, quienes lo condujeron hacia Migración Colombia. Allí sellaron su pasaporte y legalizaron su captura.
También argumentan que esa retención se hizo con base en una circular de la Interpol de marzo de 2008 relacionada con hechos que datan de 2003 a 2007, por lo cual los delitos estarían ya prescritos, de acuerdo con una fuente del diario El Tiempo. Ya han transcurrido 16 años, 1 mes y 11 días desde que ocurrió la tragedia ambiental, tiempo que supera la pena máxima para ese tipo de delitos.
Así mismo, dicen que Estados Unidos, de donde Gurdian Lacayo tiene nacionalidad, no concedió la extradición porque el delito ambiental del que se le acusa no figura dentro de los delitos por los que procede ese trámite. Añaden que pasa lo mismo con el Tratado de 1900 de extradición entre Colombia y El Salvador.
La comunidad todavía sufre las consecuencias de la contaminación con plomo
A pesar de que los abogados del salvadoreño argumentan que el delito ya prescribió, la justicia de su país dice lo contrario, pues un informe de la BBC muestra que la comunidad de Sitio del Niño, ubicada en San Juan Opico, todavía sufre las consecuencias de la contaminación con plomo de la fábrica de baterías de su familia.
Desde 2003 se remontan las primeras denuncias por daño ambiental en contra de la fábrica Baterías Record de El Salvador, que compraba piezas dañadas y les extraía el ácido para su reciclaje y posterior fundición, de acuerdo con el medio salvadoreño La Página.
Para aquel proceso era necesario utilizar químicos intensivos en agua, que después eran vertidos en el terreno y perjudicaban los yacimientos de agua subterráneos y los pozos artesanales. Por si fuera poco, la empresa trabajaba las 24 horas del día, generando emisión continua de gases tóxicos.
Las operaciones de la fábrica terminaron en 2007, pero dejaron graves e irreparables daños en la zona. El Gobierno salvadoreño declaró en 2010 emergencia ambiental hallar contaminación por plomo en un radio de 1.500 metros.
La planta era de la familia Lacayo, que operaba con permisos vencidos, así que se presentó una denuncia por delitos ambientales contra los directivos de la empresa: José Ofilio Gurdian Lacayo, Sandra Cecilia Lacayo de Escapini y Ronald Lacayo Arguello. Todos figuran en el expediente como “acusados rebeldes” por haber huido del país.
Por lo pronto, la defensa del empresario espera que la Fiscalía colombiana defina su suerte y manifiestan que las autoridades de Estados Unidos actuarán con todo el rigor sobre las normas de extradición de ese país. Con Infobae