Defensores de DD.HH piden cese de enfrentamientos en la Sierra Nevada
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Colombia, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), hacen un llamado a las autoridades colombianas a proteger de forma urgente al pueblo Wiwa de los enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que tienen lugar desde el viernes pasado. Luego del Acuerdo de Paz de 2016, estos grupos armados buscan controlar el territorio ancestral de los pueblos indígenas Wiwa, Kankuamo, Arhuaco y Kogui, guardianes del “corazón del mundo”, la Sierra Nevada de Santa Marta.
La FIDH y el CAJAR llaman a una intervención integral del Estado colombiano y de la cooperación internacional, dirigida a hacer presencia en la zona, verificar las denuncias, cesar las confrontaciones y a atender las necesidades humanitarias de la población afectada.
Desde octubre de 2021, las organizaciones denunciaron la reconfiguración de la violencia ilegal en la zona, en manos de grupos armados que controlan las principales actividades lícitas e ilícitas de la Sierra. Esta nueva situación ha favorecido la destrucción de bienes culturales, asesinatos de personas que apoyan a las comunidades, el control de la movilidad, el reclutamiento forzoso de menores y el desplazamiento forzado de la población.
El conflicto armado colombiano ha afectado de forma diferenciada y grave a los pueblos indígenas, por ello la FIDH y el CAJAR, en 2021, denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) los crímenes de lesa humanidad de asesinato ocurridos en la Sierra Nevada de Santa Marta entre los años 2002 y 2009. Estos nuevos ataques contra el pueblo Wiwa podrían configurarse como crímenes de lesa humanidad y sus responsables, AGC y ACSN, pueden ser objeto de la jurisdicción de la CPI.
Los ataques no han cesado contra líderes y lideresas de pueblos indígenas en Colombia. De acuerdo con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en 2022 fueron asesinados 108 indígenas que afectaron a 15 pueblos indígenas. En 2023, la tendencia continúa, siendo los liderazgos sociales de pueblos indígenas los más afectados por violaciones a los derechos a la vida e integridad.