jueves, abril 25, 2024
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Empresario Carlos Mattos está hospitalizado en Barranquilla 

El empresario Carlos Mattos, procesado por el Caso Hyundai, permanece en la clínica Caribe de Barranquilla, específicamente en la Unidad de Cuidados Intensivos al presentar algunos problemas cardíacos.

En un comunicado con fecha de 6 de enero, Marc Corredor Arenas, director médico de la clínica, señaló que Carlos Mattos presentó el “Síndrome coronario agudo tipo lAM SEST, síncope de probable origen cardiogénico”.

Esta no es la primera vez que Carlos Mattos presenta problemas de salud. El 29 de agosto de 2022 el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), mediante una orden, lo trasladó de la cárcel de Cómbita en Boyacá a la cárcel El Bosque de Barranquilla.

Esto porque, según un oficio de Medicina Legal, el involucrado en el Caso Hyundai tiene problemas de salud, entre los que se destacan la hipertensión y diabetes, entre otros, que aumentaban su sintomatología por el clima frío que se presenta en Boyacá.

Cuando se presentó este cambio carcelario, el abogado del procesado, Jesús Albeiro Yepes, expresó que el motivo del traslado tuvo que ver con motivos de salud.

“El motivo que hemos alegado reiteradamente ante el Inpec es su crítica situación de Salud. Los riesgos para su salud y su vida en ese piso térmico –según lo enseña su historia clínica– y también el arraigo familiar. Su familia vive en esa ciudad (Barranquilla)”, precisó el abogado

Respecto a su proceso judicial, Carlos Mattos recibió en noviembre de 2022, una nueva condena por el pago de sobornos a funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

La investigación reveló que el empresario le pagó 700 millones de pesos al juez Reynaldo Huertas, titular del juzgado sexto civil municipal de Bogotá, para que lo favoreciera en sus negocios.

También fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por los sobornos de 100 millones de pesos que le pagó a la exjueza Ligia del Carmen Hernández.

“La Fiscalía demostró que Mattos Barrero, a través de una tercera persona, hizo llegar 100 millones de pesos a una juez civil de Bogotá para que reafirmara una decisión que favorecía a su empresa y le permitía comercializar en Colombia los vehículos de una reconocida multinacional coreana”, señaló en su momento el ente investigador.

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