Persiste grave situación de hacinamiento, infraestructura y salud en cárceles de Valledupar
Tras reunirse con las autoridades penitenciarias y carcelarias de Valledupar, para verificar el avance del compromiso adquiridos el pasado 2 de diciembre para superar la grave situación de hacinamiento, problemas de salud e infraestructura, que se presentan en los cuatro centros de reclusión de esa ciudad, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que a pesar de la buena voluntad y algunas medidas parciales tomadas por las autoridades responsables, persiste la crisis.
En la estación de Policía conocida como La Permanente, se adelantó una descongestión menor, pasando de 568 personas a 522, pero el hacinamiento continúa arriba de 900%
Sarmiento aseguró que el INPEC ya realizó 45 de los 100 traslados a los que se comprometió desde La Permanente y la URI hacia otras reclusiones, pero si bien esto es una medida de choque, no soluciona de fondo lo que ocurre. La solución propuesta a mediano plazo es la ampliación de la estación La Permanente y a futuro, Gobernación y Alcaldía construirán un nuevo centro de detención transitoria con recursos de ambas entidades.
Resaltó la buena voluntad de parte de las autoridades departamentales y municipales al manifestar compromisos para adoptar nuevos convenios y disposición presupuesto adicional para 2023, pero añadió que esa estrategia de descongestión tendrá que estar acompañada de brigadas a cargo de la Defensoría del Pueblo para revisar los casos de cada detenido, empezando por aquellos que llevan más de tres años esperando que se resuelvan su situación jurídica en un centro diseñado para detenciones de máximo 36 horas. También que se acordó intensificar las brigadas de salud de la Alcaldía.
“El grado de afectación de los Derechos Humanos de estas personas privadas de la libertad es grave, no solo por el hacinamiento y las enfermedades como tuberculosis, gripas y dengue que pululan allí, sino por permanente agresiones denunciadas entre los grupos que se conforman entre los presos. El INPEC se ha comprometido a investigar lo que sucede y si hay armas entre los presos”, señaló el Delegado.
Alcaldía y Gobernación se comprometieron a reunirse el próximo 16 de enero para concretar la habilitación de 160 nuevos cupos en la cárcel la Tramacua y trasladar allí al mismo número de Personas Privadas de la Libertad. También a definir temas de presupuesto para la construcción del nuevo centro carcelario.
Finalmente aseguró que se citó a una tercera mesa de seguimiento el próximo 27 de enero de 2023 para conocer medidas efectivas y concretas que se materialicen en acciones en procura de proteger los Derechos Humanos de estas personas privadas de la libertad.