Exmilitares de la Popa que aceptaron crímenes de lesa humanidad no irán a la cárcel

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP presentó ante el Tribunal para la Paz a 12 de los 15 imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad en la Costa Caribe para que este les imponga una sanción propia, por lo que no irán a la cárcel.

Tras un proceso de contrastación judicial en el que se esclarecieron el patrón de acción macrocriminal y los hechos y conductas más representativas, se determinaron las responsabilidades individuales, se calificaron jurídicamente los asesinatos y desapariciones forzadas cometidos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de homicidios en persona protegida conforme al Código Penal.

A través de la resolución remitida a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad del Tribunal Especial para la Paz, que se encargará de imponer las sanciones propias a la que haya lugar, la magistratura determinó que los imputados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva. Así, conforme a la Constitución y la Ley, los 12 comparecientes que participaron en la audiencia de reconocimiento de verdad el 18 y 19 de julio de 2022, son elegibles para la imposición de una sanción propia.

Los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional remitidos por la Sala para la imposición de las sanciones con el más alto componente restaurador y reparador son el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, quien fungió comandante de batería y oficial de operaciones; el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, quien fue responsable de la sección de operaciones y ejecutivo y segundo comandante; el sargento primero retirado Efraín Andrade Perea, quien estuvo al frente de la sección segunda; el sargento primero retirado Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa de la sección de inteligencia; y el teniente retirado Carlos Andrés Lora Cabrales, quien, además de haber sido comandante de batería, fue comandante del grupo especial Trueno.

Bajo esta misma forma de intervención delictiva fueron postulados el subteniente retirado Eduart Gustavo Álvarez Mejía, quien comandó varios pelotones, incluido el pelotón especial Zarpazo; el sargento viceprimero retirado José de Jesús Rueda Quintero, quien fungió como comandante de pelotón, incluido el grupo Zarpazo; el subteniente retirado Elkin Leonardo Burgos Suárez, comandante de un pelotón de soldados regulares; el cabo tercero retirado Elkin Rojas, comandante de escuadra; y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, parte del pelotón Albardón 3 y Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra, que conformaron el grupo especial Zarpazo.

RECONOCIMIENTOS Y APORTES A LA VERDAD

En el proceso de valoración de los aportes de verdad y reconocimientos de responsabilidad de los máximos responsables imputados, la Sala destaca cómo las contribuciones de los comparecientes permitieron determinar que algunos miembros del Batallón La Popa conformaron una organización criminal que, sirviéndose de la estructura legal de la unidad militar, desarrolló un plan criminal en virtud del cual se cometieron asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate.

A partir de estos hallazgos, la sala ordena modificó el universo provisional de hechos formulados a través del auto de determinación de hechos y conductas. La JEP cuenta con nueva evidencia que da cuenta de la comisión de ocho asesinatos y desapariciones más, ocurridas en seis eventos. Así las cosas, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, integrantes de ese batallón fueron responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en 77 eventos.

La magistratura también destaca las contribuciones a la verdad sobre las circunstancias institucionales y estratégicas en las cuales sucedieron los asesinatos y desapariciones forzadas de víctimas presentadas como bajas en combate y sobre el conocimiento que tenían sus superiores de las denuncias presentadas por las víctimas y por integrantes de las unidades militares. Para el país es posible hoy entender cómo en esta zona del país la práctica criminal pasó de una motivación por una “lucha contrainsurgente o una alianza con grupos paramilitares» a “acceder los beneficios que ofrecía el Ejército a quien diera resultados operacionales, especialmente bajas en combate, y evitar las sanciones a quienes no los presentaran».

En el proceso de contrastación la Sala de Reconocimiento concluyó que los reconocimientos son coherentes con los rangos y cargos que los imputados ocuparon. Asimismo, fueron de utilidad para comprender el rol que cada uno de ellos tuvo en la configuración de los patrones criminales y, por lo tanto, su papel en la conformación de esta organización criminal. Ese, por ejemplo, es el caso del el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, responsable de la sección de operaciones y ejecutivo y segundo comandante del batallón, quien manifestó ante esta jurisdicción como “presté mi grado, facilité mi jerarquía al interior del batallón, y desvié por completo las funciones de mi cargo para revestir con una falsa legalidad estos crímenes horrendos».

A través de la Resolución de Conclusiones, la magistratura destaca reconocimientos y aportes suministrados por los comparecientes ante la JEP que no habían sido investigados por la justicia ordinaria o durante muchos años habían sido negados por los comparecientes, que en principio no aceptaron haber tenido conocimiento ni responsabilidad en los asesinatos fuera de combate y al término del proceso judicial ante la Sala reconocieron en audiencia pública los crímenes en los que participaron y suministraron información clave para el esclarecimiento de lo que sucedió dentro de la unidad militar.

La Sala determinó que los imputados dentro del subcaso Costa Caribe aportaron información de todos los hechos en los que estaban involucrados, incluidos varios respecto de los cuales no se había adoptado decisión alguna en su contra por parte de la jurisdicción ordinaria y, además, entregaron copias de documentos que sirvieron de medio de contrastación en el trámite y con los que buscaban satisfacer los derechos de las víctimas. Asimismo, dieron cuenta de las características que tenía su papel en la organización criminal, contribuyeron con elementos que permitieron explicar la transformación del plan criminal y el alcance de su participación en el desarrollo de los patrones criminales identificados.

Finalmente, la magistratura advirtió que en el caso de los coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, quienes decidieron no reconocer su responsabilidad, la Sala ordenó informar a la Unidad de Investigación y Acusación sobre los nuevos casos documentados, para que dicha unidad, en el marco del procedimiento adversarial que está realizando, adopte las decisiones que correspondan. De las 199 bajas que reportó la unidad mientras estas dos personas estuvieron al frente, 135 fueron ilegítimas (equivalentes a poco más del 67% del total).

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