Instalan primer puesto de mando para proteger líderes sociales en Colombia
El Ministro de Interior, Alfonso Prada, aseguró que «logrará la seguridad rápida» a la población afectada por la violencia «en modo prevención».
El Gobierno instaló este sábado en el municipio de Caldono el primer Puesto de Mando Unificado por la vida (PMU), que busca proteger la población afectada por la violencia, especialmente los líderes sociales, indígenas, y desmovilizados.
La actividad estuvo encabezada por el ministro de Interior, Alfonso Prada, una treintena de congresistas colombianos de todo el espectro político y miembros de la Comisión de Paz del Senado, que también visitarán los 65 municipios más violentos y golpeados por el conflicto del país.
«Hemos instalado el PMU, que es un puesto de mando para lograr la seguridad rápida en modo prevención, no en modo tristeza (como) cuando recibimos la noticia de la muerte de los líderes sociales», dijo el ministro Prada.
Detalló que se impartieron instrucciones a las instituciones que tienen competencias relacionadas con la protección de la vida de los líderes sociales, de los excombatientes, de los gestores de restitución de tierras, de los que trabajan en la sustitución de cultivos y de los líderes ambientales.
«Hemos adoptado una serie de medidas para que se llegue muy rápido al territorio y se les dé protección para garantizar que la vida prevalezca sobre la muerte», apostilló Prada. De la sesión también hizo parte el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Énfasis en 10 municipios
Prada desglosó que el plan de protección dará prioridad a los 65 municipios más golpeados por la violencia en Colombia pero que se hará énfasis en «5 a 10 de ellos que están en situación muy delicada y sistemáticamente están asesinando a los líderes».
«Vamos a hacer algo así como un desembarco del Estado en esos 10 municipios para hacer acompañamiento y presencia permanente» dijo el funcionario.
En esa dirección señaló que el Gobierno ordenó dar «cumplimiento inmediato» a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y que una de ellas es, justamente, la emitida para los municipios caucanos de Buenos Aires, Santander de Quilichao y Caldono.
Según la alerta, las comunidades indígenas y afro de esas poblaciones «están en alto riesgo de ser víctimas de vulneración a sus derechos por cuenta de los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia, en asocio con Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
A propósito de violencia, el viernes la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año se presentaron 122 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.
Se trata de 32 homicidios más que en la misma fecha de 2021, cuando se habían reportado 90, y 16 más que en 2020, cuando se contabilizaron, de enero a julio, 106.
El informe indicó que Cauca con 19 homicidios, Nariño con 17, Antioquia con 12 y Putumayo con 11, son los departamentos con el mayor número de casos en los que líderes sociales fueron asesinados.
Para cerrarle el paso a esta situación Prada añadió que se dispuso reducir a la mitad los tiempos para los estudios de riesgo de los líderes sociales y la «implementación inmediata» de protección y el fortalecimiento económico de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Presencia del estado distinta
Por su lado, el senador y presidente de la Comisión de Paz del Congreso colombiano, Iván Cepeda, indicó que con el PMU por la vida también se busca una presencia del «Estado distinta».
«Regularmente el Estado hace los consejos de seguridad cuando ocurren los crímenes, a posteriori, y ya las medidas que se toman son prácticamente a destiempo, aquí se trata de una acción preventiva esencialmente», expresó.
En los PMU, dijo Cepeda, van a estar representadas todas las instituciones civiles y militares del nivel nacional hasta el nivel local y las comunidades locales.
Será, dijo, un diálogo «entre autoridades y comunidades y en un diálogo entre civiles y militares para poder construir las rutas de protección».
Por su lado, la senadora indígena Aída Quilcué enfatizó en que lo realizado este sábado es un paso para comenzar a estructurar los procesos sociales y los «diálogos humanitarios para que pare la guerra, para que dejen de reclutar niños, para que dejen de asesinar a líderes sociales, autoridades ambientalistas».
Al final, los miembros de la fuerza pública que se hicieron presentes fueron aplaudidos por los indígenas, un gesto que no es menor porque en el pasado pelotones de soldados han sido expulsados de esta región del país.
EFE