El abogado defensor del presidente peruano Pedro Castillo afirmó este sábado que el mandatario dará declaraciones ante la Fiscalía durante las próximas dos semanas, por dos de las investigaciones judiciales que se le siguen.

«Se ha previsto una primera declaración para el 4 de agosto y una segunda en el caso de encubrimiento para el 9 de agosto», manifestó Benji Espinoza, representante legal de Castillo, a la prensa local.

La primera citación está relacionada con un supuesto tráfico de influencias en los ascensos militares.

La segunda es por su presunto encubrimiento y obstrucción a la justicia al destituir al ministro de Interior Mariano González, quien había formado un equipo especial para capturar a varios excolaboradores del presidente -incluyendo su sobrino- presuntamente envueltos en casos de corrupción.

El presidente y su abogado han argumentado reiteradamente que no existe prueba alguna de ninguno de esos delitos.

Espinoza insistió este sábado que «al presidente de la República no se le puede investigar mientras dure su mandato salvo el caso de la traición a la Patria, que no son casos que esté llevando el Ministerio Público».

En total, la Fiscalía tiene 5 investigaciones abiertas contra Castillo; las otras tres son por supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública, por plagio en su tesis universitaria, y tráfico de influencias en un contrato estatal de adquisición de combustibles.

La actual Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió hace algunas semanas reactivar los expedientes e investigar los supuestos delitos.

Hace apenas unos días el exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco, uno de los hombres más buscados por uno de los casos de presunta corrupción que salpica al mandatario, se entregó a la justicia tras permanecer prófugo más de 100 días.

Pacheco permanece detenido bajo custodia policial tras negociar su entrega con fiscales especiales.

Castillo cumplió esta semana un año en el poder, y además del cerco judicial ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 74% en la opinión pública, según encuestas.