Superintendente de Notariado y Registro explicó la venta del “lote diamante”
La venta de un valioso lote de más de 8.689 metros cuadrados ubicado en el barrio Ciudad Salitre de Bogotá despertó una polémica pública y política, que llevó a la Superintendencia de Notariado y Registro a aclarar el proceso de enajenación que adelanta, sus razones y a qué gobierno le corresponderían los recursos que se podrían adquirir en el millonario negocio.
La denuncia la realizó el sindicato del SNR Sintranore, debido a que “mientras de un lado la superintendente suscribe un contrato de arrendamiento de 10 meses por valor de 1.800 millones de pesos, por otro lado, quiere vender el único terreno que serviría para construir las instalaciones adecuadas para el funcionamiento de la sede principal de la entidad”, señalaron.
Según dijeron, en el lote ya se había instalado un aviso de “se vende”. Este predio sin construcción se encuentra ubicado entre calles 24 y 24a y las carreras 54 y 56 en el barrio Ciudad Salitre, junto al Tribunal Superior de Cundinamarca y el búnker de la Fiscalía, un sector de gran potencial económico.
Por su ubicación y extensión, así como el potencial para su uso, es considerado un activo valioso de la nación que desde el sindicato y sectores políticos, entre ellos el presidente electo Gustavo Petro, solicitó que el proceso fuera vigilado. “Le pido a la Procuraduría iniciar investigación sobre la subasta de este lote en una de las áreas más valorizadas de la ciudad, por la superintendencia de notariado y la posibilidad de una subasta por más de un billón de pesos de bienes en extinción de dominio de la SAE y CISA”, escribió.
Ante la polémica, la SNR emitió un comunicado en el que indicó que el proceso de venta inició en mayo de 2021, aunque según el diario El Tiempo el aviso de venta se instaló apenas el pasado 22 de junio. La razón para hacerlo, como se notificó al Ministerio de Hacienda, es falta de plata para la entidad.
“La SNR, frente la falta de disponibilidad presupuestal que ha venido acumulando a través de los años por cuenta de la distribución de recursos derivados de la Ley 55/85, que la obliga a girar a otras entidades del Estado Colombiano la mayor parte de los recursos recaudados por concepto de derechos de registro y Certificados de Tradición y Libertad en un 72%. Se vio en la imperiosa necesidad de sufragar los gastos de la operación y adecuaciones de infraestructura de las 195 Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos a nivel nacional”, sostuvo.
Entre ellos, tomó la decisión de adicionar a sus recursos los de la venta del lote, y en 2021 firmó un contrato interadministrativo con el CISA para venderlo, pero el proceso fue suspendido por un modelo de revaloración que terminó afectando el valor a reconocer de la oferta inicial por un 25 % de comisión que la SNR consideró inviable.
Después decidió iniciar el proceso con la Inmobiliaria de Servicios Logísticos de Cundinamarca con la que firmó el Contrato Interadministrativo 0079 que inició en diciembre del año pasado cuando se adelantó la invitación pública de ventas No 005, pero el “proceso fue declarado desierto debido a que no se presentaron ofertas de compra”, sostuvo el SNR.
Así las cosas, se hizo un tercer intento por vender el lote con la compañía del orden departamental Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, que es la que actualmente adelanta el proceso de venta con la esperanza de adquirir hasta $75.552.076.348, con un cronograma que da plazo hasta el 24 de agosto para firmar la promesa de compraventa y suscripción de escritura pública el 23 de septiembre.
“Es de destacar que en los últimos 10 años la Superintendencia de Notariado y Registro ha pagado $18.650.000.000 de pesos al Distrito de Bogotá por concepto de Impuesto Predial. En efecto, en la anualidad 2022, se pagó un predial de $1.695.651.000, lo que hace insostenible su mantenimiento y aún más adelantar una construcción”, señaló la Oficina de Instrumentos Públicos.
Hasta la fecha no han recibido ofertas de proponentes para adquirir el lote y de seguir así se declararía desierta, lo que pone en alerta al SNR porque según dicen tendría que entregarlo a título gratuito al CISA mediante un acto administrativo. Así mismo, que en caso de venderlo, los recursos quedarían para la disposición del gobierno de Petro, debido a las fechas del cronograma.
“Hasta el momento no se ha presentado ningún interesado para la compra y de llevarse a cabo los ingresos quedarían a disposición del nuevo gobierno. Rechazo rotundamente que se sugiera que hay improvisación en este tema. En la Superintendencia de Notariado hemos velado por la correcta utilización de los recursos públicos y hemos respetado la ley a cabalidad”, asegura la Superintendente de Notariado, Goethny Fernanda García. Con Infobae