Procuraduría le pidió a las Farc reconocer crímenes ante la JEP
En medio del caso 04 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga los hechos del conflicto ocurridos en la región del Urabá, la Procuraduría envió un concepto en el que enfatizó en los crímenes de guerra y contra los derechos humanos que los comparecientes han evadido aceptar como el reclutamiento de menores y la violencia sexual contra las mujeres.
Los comparecientes acreditados ante ese macrocaso, de una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, donde operaron los Frentes 5, 34, 58 y 57 de las extintas Farc, han entregado versiones voluntarias ante la JEP por varios delitos. Sin embargo, para la Procuraduría, hay varios graves que no han sido reconocidos.
El Ministerio Público envió un concepto tras el análisis de las versiones voluntarias, en el que señaló, en primer término, que las Farc debe reconocer que el reclutamiento forzado de menores de edad en sus filas fue una práctica sistemática.
Para la Procuraduría, según expuso en un concepto de 109 páginas enviado a la JEP, el reclutamiento forzado de menores es un hecho y, pese a que los altos mandos lo han reconocido, para la entidad hace falta profundizar en el caso.
“No obstante, estos se rehúsan a aceptar que ésta haya sido una política y práctica de la guerrilla y no es que presenten algún tipo de bipolaridad al momento de exponer su versión, es que en el sentir de ellos admitir niños o niñas de 15 años no es ingresar menores de edad”, citó Noticias UNO del concepto de la Procuraduría.
En ese sentido, la entidad le solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad que profundice en cómo se realizó la incorporación de menores de edad a las filas y las condiciones en que se instruyeron y sometieron a los menores durante la guerra.
Además, exigió que “las FARC pidan perdón a la sociedad civil colombiana y al mundo entero por el centenar de niños que reclutaron para la guerra, incluyéndose ellos mismos en un acto de sincero arrepentimiento”, según citó la revista Semana.
En el documento, el Ministerio Público también requirió el reconocimiento y profundización en la violencia sexual, una de las conductas que la JEP ha identificado en el caso gracias a la participación de una organización de mujeres víctimas.
Para la Procuraduría, la violencia sexual no ha sido reconocida por los comparecientes, pese a que habría sido empleada para el control de las guerrilleras y como una forma de castigo en contra de ellas al interior de los estatutos de la organización armada.
En el concepto, se sostiene, de acuerdo con el diario El Tiempo, que “no podría entenderse de otra manera que los abortos, cuando se realizaron, eran obligatorios, forzados”, cuando una de las políticas al interior de la organización guerrillera era la prohibición de tener hijos.
Así mismo, se resalta el caso de una niña, integrante del Frente 5, que para no ser sancionada en un consejo de guerra, fue sometida y obligada a tener relaciones sexuales. Un caso que evidencia la violencia sexual como forma de castigo dentro de la organización armada.
En ese sentido, el Ministerio Público solicitó investigar los castigos contra los menores por desobedecer órdenes, tener relaciones sexuales y, en el caso de las mujeres, por quedar en embarazo. Así mismo, investigar en los casos de personas que fueron llevadas a consejo de guerra por violación, citó el periódico.
Así mismo, en el concepto, se solicitó profundizar en los negocios de narcotráfico de las Farc que permitieron financiar la guerra y las actividades bélicas, que fueron sistemáticas, señaló el Ministerio Público, en desplazamiento forzado y empleo de explosivos. Con Infobae