Formulan cargos de peculado y contrato sin lleno de requisitos legales a exalcalde de Valledupar
En el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar se realizó la audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, y la extesorera municipal Johana Nataly Daza Maestre, por presuntamente haber causado un patrimonial al municipio.
Ambos están señalados de delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales, de los cuales no aceptaron cargos.
Según la la Fiscalía 5 seccional el caso está relacionado con la dación en pago de unos lotes extensos donde están ubicados los barrios Francisco Javier y Villa Consuelo, en esta capital .
El ente acusador argumentó que el municipio en representación de Ramírez Uhía, celebró con la firma Lascano Morales e Hijos, un contrato a fin de recibir dichos predios propiedad de la firma a cambio de liquidar la deuda por impuesto predial que esta tenía por valor de $993.061.678, correspondientes a 45 terrenos de su propiedad.
Igualmente explicó que para ello se realizó un evalúo comercial por parte de la Lonja Propiedad Raíz Del Cesar, que estableció el precio de los 2 lotes, es decir, de los sectores antes mencionados, por un valor de $19.935 millones.
Sin embargo, el valor que la firma adeudaba al municipio por impuesto predial era mucho menor, se realizó la Resolución Nº 000368 del 17 de mayo de 2016, con un saldo a favor de la firma por valor de $19.022.337.080, suscrito por la señora Johana Nataly Daza Mestre, jefe de recaudo municipal, señaló el fiscal.
Asimismo el fiscal señaló que para esto realizaron ajustes en el valor del impuesto e intereses moratorios que adeudaba la firma, quedando finalmente pactado que la Alcaldía debía reconocerle el saldo a favor de $18.942.151.412, lo que consistió en un detrimento patrimonial.
En este sentido, el representante de la Fiscalía, indicó que el trámite fue totalmente ilegal violando los principios de la administración pública e incluso de la Constitución Política, “sin duda alguna se gestó perjuicio de las arcas económicas del ente territorial, el cual en el momento no estaba en capacidad de saldar la deuda que terminó asumiendo”. Por tanto se configuró el detrimento patrimonial.
Por ahora el proceso iniciará una etapa de juicio en la que ambas partes, es decir, Fiscalía y defensa expondrán las pruebas a fin de que el juez emita una sentencia condenatoria o por el contrario absuelva a los procesados.