Tras más de dos años de proceso culminó acusación contra involucrados en el ‘Cartel de la Chatarrización
En el Juzgado Tercero Penal Mixto con Funciones de Conocimiento de Valledupar se realizó la última audiencia de formulación de acusación en contra de los implicados en el ‘Cartel de la Chatarrización’, quienes presuntamente actuaron de manera indebida en los procedimientos administrativos al interior de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, con el fin de apropiarse de dineros del erario público.
Este caso está a cargo de la Fiscalía 5 seccional contra delitos de la administración pública, cuyo fiscal indicó que tiene suficientes materiales probatorios para demostrar la responsabilidad de los procesados quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado.
En el proceso están presuntamente involucrados el exsecretario de Tránsito de Valledupar, Óscar Miguel Tom Socarrás, a quien en el 2019, le realizaron la formulación de acusación, por lo que en esta oportunidad los procesados son: el exasesor jurídico y exconcejal Leonardo Mestre Socarrás, la exfuncionaria Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez y los ciudadanos Fabián Zuleta Torres, Luis Eduardo Retamoso Marriaga, Omar Antonio López, Luz Mabel Jácome Bastidas, Nathalia Rosa Gómez Polo y José Vicente Ustáriz Quintero.
De acuerdo con la investigación estas personas presuntamente a través de trámites irregulares al interior de la Secretaría de Tránsito en el periodo 2014-2015, se habrían registrado en más de 50 carros que no cumplían con las exigencias para ser sometidos a chatarrización.
En este sentido presuntamente se apropiaron de más de 2.300 millones de pesos, a través de acciones fraudulentas en el registro y desintegración de vehículos de carga, que con documentaciones falsas lograban sacar de circulación en el papel, pidiendo nuevos cupos para su reposición, los cuales eran vendidos a terceros, sin que el dueño original del automotor se percatara de lo sucedido.
Además en el desarrollo de la audiencia la Fiscalía realizó una adición al escrito de acusación basado en nuevas pruebas.