Siguen suministrando alimentos descompuestos en La Tramacúa
Sin comer se han tenido que acostar los internos de los pabellones 1 y 2, del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocido como La Tramacúa, ante la llegada de alimentos fuera de horarios y en estado de descomposición, según lo denunció el Movimiento Nacional Carcelario.
“El día 24 de noviembre, los internos de los mencionados pabellones nos vimos obligados a no recibir la cena, dado el estado de descomposición del pollo que se nos pretendían suministrar por la empresa DNP SAS. Ante tal situación se solicitó la presencia de un cuadro de mando, el cual estuvo representado por el cabo Gómez manifestando que no podía solucionar nada, por lo que tuvimos que acostarnos sin comer”, dice el comunicado emitido por el movimiento.
Con esta situación, reiteran la incapacidad del INPEC de velar y garantizar condiciones dignas a una población que durante décadas viene siendo objeto de todo tipo de vejámenes y tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior de dicha prisión.
“Recordamos que el tema con el continuado incumplimiento en los horarios y la mala calidad de los alimentos termina repercutiendo seriamente en las condiciones de salud de los internos y poniendo en riesgo nuestras vidas”, se lee en el documento.
Al respecto, la defensora de Derechos Humanos de la población carcelaria, Patricia Obando, asegura que el problema es general en todas las cárceles del país, por el incumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras del servicio de alimentación. “Como organización defensora de derechos humanos pedimos una explicación sobre las contrataciones para proveer de alimentos a los internos, y por qué los organismos de control no se pronuncian al respecto”, dijo.
Por ello, elevan un S.O.S ante los entes de control y las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que garanticen y protejan los derechos fundamentales y dignidad humana.
De igual forma solicitan con urgencia la presencia del Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos, para que verifiquen in situ las condiciones indignas a las que están sometidos los privados de la libertad.