“No somos esclavistas”: exmiembros de las Farc le respondieron a la Jep
El sábado 6 de noviembre se conoció el auto que emitió la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que hace varias modificaciones al macrocaso 01, que pasa de llamarse “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” a “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”.
En dicho macrocaso la Sala determinó que la desmovilizada Farc obligó a varios de sus secuestrados a realizar trabajos forzados a su favor durante su cautiverio.
“Algunas mujeres reportaron que, privadas de la libertad, eran obligadas a cocinar y miembros de grupos étnicos declararon que fueron plagiados para, entre otras cosas, forzarlos a sembrar coca y amapola”, se lee en el auto, además, señala en forma de conclusión que por estos casos de secuestro pero también de esclavitud, varios excomandantes de las Farc son responsables y deberán responder.
La Jep, por ejemplo, dejó dos casos registrados donde se evidencian dichas practicas, víctimas del Bloque Sur que fueron castigadas por no pagar las sumas impuestas por la guerrilla, por lo que fueron privadas de la libertad y obligadas a trabajar forzadamente. Y en el caso del Bloque Caribe, la Sala determinó que un profesor informó ser secuestrado mientras estaba entregando alimentos a los estudiantes de una escuela rural y que fue maltratado, obligado a trabajar y amenazado de muerte en su cautiverio.
Ante las afirmaciones y las conclusiones presentadas en el caso los imputados, entre los que se encuentra Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra conocido con el alias de El médico, Milton de Jesús Toncel Redondo conocido como Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Pastor Alape, respondieron con una completa negativa a los cargos impuestos.
En un comunicado los exmiembros Farc señalaron que aunque reconocer el daño que hizo el secuestro no pueden permitir que señalen que el extinto grupo guerrillero fue una organización esclavista.
“Hemos podido reflexionar sobre la errada política del secuestro que en su momento adoptados. Hemos reconocido con sinceridad que estos hechos por su gravedad son crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que, reiteramos también nuestro reconocimiento del dolor que causamos a las víctimas al privarlas de su libertad y atentar contra su dignidad. Así como someter a sus familias al sufrimiento por la incertidumbre del paradero de sus allegados y el haber truncado sus proyectos de vida”; se lee en el documento y a reglón seguido agregan un pero “sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las Farc-EP fue una organización esclavista”.
En este sentido los actuales miembros del Partido Comunes, representados por Rodrigo Londoño, insistieron en que no comparten esta nueva calificación propuesta por la Procuraduría y que fue aceptada por la sala de reconocimiento de la JEP. En este mismo sentido recordaron su compromiso con las víctimas y reiteraron la importancia de cumplir con el acuerdo.
“El sentido de la jurisdicción debe ser el de materializar una justicia para la paz y la reconciliación que acoja realmente el enfoque restaurativo y no el punitivo de los tribunales penales. En este escenario, el rol del juez transicional debería ser garantizar la verdad, justicia y reparación de las víctimas y al mismo tiempo, buscar que sus decisiones allanen el camino de la paz estable duradera y completa como lo pactamos en el acuerdo final de paz”, aseguró Londoño. Con Infobae