PAE en Valledupar en ‘la lupa’ del Concejo por presuntas irregularidades
A más de $20.000 millones asciende el contrato del Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Valledupar, cuyo propósito es beneficiar a 42.283 estudiantes de colegios públicos, cuyos padres de familia ven una alternativa para la alimentación de sus hijos, principalmente aquellos de escasos recursos.
Sin embargo, el programa ha tenido diversas denuncias, según lo indicado por diferentes concejales del municipio, quienes en reiteradas ocasiones han citado a debate de control político al secretario de Educación municipal, Iván Bolaños Baute y al secretario General, Andrés Felipe Maestre, y la contralora municipal Mary Flor Teherán, quienes los han dejado plantado presentando excusas, que a juicio de los cabildantes no son justificadas.
No obstante, el más reciente debate del que vale la pena señalar fue virtual, se desarrolló pese a la inasistencia de los funcionarios municipales antes mencionados.
En la intervención del concejal Jorge Pana, dejó saber que es de suma importancia revisar detalladamente el actuar de la administración municipal frente a la contratación del PAE, para que este llegue a cada niño sin ningún tipo de inconvenientes y de manera proporcionada.
Por su parte el corporado, Jorge Pérez, destacó que les han llegado una serie de denuncias por parte de padres de familia que aseguran que hay algunas instituciones educativas donde presuntamente existe una disminución en las raciones alimentarias y además no están siendo entregadas en su totalidad a la comunidad estudiantil.
En este escenario se conoció que debido a las denuncias se analizaron los costos de las raciones entregadas encontrando que cada almuerzo tiene un costo de $3.331 y el valor unitario de la ración alimentaria tiene un valor de $2.860, es decir, que existe una diferencia en los valores; por lo tanto, los concejales expresaron su preocupación y acordaron que permanecerán vigilantes al respecto.
“Lamentablemente hay hechos de corrupción y hoy hago un llamado a que utilicemos la herramienta del control político excepcional. Si la Contraloría Municipal no le hace seguimiento entonces que lo haga la Contraloría General de la República con nuestro acompañamiento”, expresó Jorge Pérez.
FALTA DE PAGO
Otras denuncias dan cuenta de que existen presuntas faltas de garantías laborales hacia las manipuladoras de los alimentos debido a que, al parecer, no se les paga en los tiempos establecidos, hay contratos incompletos y remuneraciones inferiores al salario mínimo.
“Existen deficiencias en el seguimiento y control de los contratos del PAE. El supervisor de este contrato tiene obligaciones directas como de revisar que este tipo de contrataciones se ajuste a la normatividad legal en materia laboral. Pongámosle la lupa en las entregas de las raciones alimentarias”, expresó el concejal Jorge Pérez.