Los detalles de los actos de corrupción en la Secretaría de Tránsito de Valledupar
En la audiencia de imputación de cargos realizada en el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Valledupar de control de garantías, se conocieron detalles de cómo presuntamente actuaban los funcionarios de la Secretaría de Tránsito municipal, capturados al ser señalados de cometer hechos de corrupción.
Cabe recordar que los capturados por agentes del CTI de la Fiscalía fueron: Julieta Margarita Hinojoza Daza, Inspectora de tránsito; Letzzy Carolina González Oñate,
Secretaria Ejecutiva; Margarita Rosa Cartagena Guerra, Contratista; Amparo de Jesús Estrada Arias, Secretaria y Odacir Alberto Montenegro González, auxiliar Administrativo;.
Mientras que Tatiana Isabel Cuello Castilla y William José Redondo Mindiola, cuya función era de tramitadores se entregaron de manera voluntaria.
De acuerdo con la Fiscalía 12 seccional contra delitos a la administración pública en cabeza del fiscal, Gentil De León, dejó saber que entre los presuntos actos de punibles que fueron investigados desde el 2016 al 2020, los funcionarios capturados habrían actuado de manera dolosa.
Entre las irregularidades que cometieron los procesados está que omitieron el ingreso a la base de datos un número significativo de órdenes de embargo de vehículos automotores embargados por jueces de la República de diferentes distritos judiciales, cuyos procesos fueron engavetados sin ninguna justificación, por parte de Odacir Alberto Montenegro González.
«Su deber era darle cumplimiento a estos registros, sin embargo, se rehusó a registrar 1.306 órdenes de embargo favoreciendo los intereses de los afectados, y por ello podrían disponer de los vehículos de manera comercial y a perjuicios de los acreedores», expresó el fiscal.
Igualmente detalló que se violaron la responsabilidad de subir a la plataforma del RUNT la limitación de la propiedad de un vehículo, las órdenes de embargo, multas, información general, accidentes, entre otras.
«Se hace una relación y se toma muestra de estas órdenes de comparendos que fueron halladas en las oficinas durante una inspección en la que se encontró una colección de evidencia sin que se le hubiera dado trámite, esa información fue verificada en el RUNT para ver si tenían limitaciones los vehículos y ninguno se encontró impedido», indicó Gentil De León.
SOBORNOS
En este sentido se conoció que evidenciaron hechos de concusión, ya que inducían a particulares a que les entregaran sumas altas de dinero a cambio de realizar trámites de manera fraudulenta.
De esta manera los implicados ‘manipulaban’ a los ciudadanos que necesitaban realizar un trámite en la Secretaría de Tránsito de Valledupar, exigiendo dinero para por ejemplo, realizar el duplicado de licencia con migración de gasolina a otra modalidad de combustible respecto a un vehículo.
Sobornaban a tramitadores externos para que este le solicitara a un usuario del servicio una suma de dinero denominada ‘la moña’ a cambio de realizar un trámite de traspaso de un vehículo.
«Solicitaban sumas de 500 mil pesos a cambio de tramitar una migración de un vehículo público y pasarlo a servicio privado, la misma suma para autorizar el cambio de motor de un vehículo. Solicitaban un millón de pesos a cambio de autorizar la transformación de un campero a carrocería de estaca», puntualizó el fiscal.
Igualmente los implicados habrían dejaron caducar alrededor de 1.368 comparendos y prescribieron alrededor de 81.235. Además existen evidencias que existieron gran cantidad de comparendos realizados con unos talonarios y una numeración no autorizadas por el RUNT.
Asimismo los procesos por las multas de alcoholemias los dejaban caducar, las resoluciones con que retiraban los vehículos de los patios eran falsas; mientras que el encargado de la plataforma del RUNT no subía las decisiones judiciales, y los vehículos hacían diferentes trámites ya que no tenían afectación a la propiedad.
Cabe señalar que los delitos por los que estas personas son investigados son concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, abuso de función pública, concusión y cohecho impropio.
Por parte de la bancada de la defensa se conoció que ninguno de los implicados tenía voluntad de aceptar cargos.
Al momento de la publicación de esta nota periodística aún se desarrollaba en la etapa de solicitud de medida de aseguramiento.