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General

‘Mano dura’ contra la informalidad ordenó Supertransporte en Valledupar

En 18 ciudades capitales y trece municipios del país, la Superintendencia de Transporte, solicitó a los Alcaldes investigar y sancionar a las personas que sean sorprendidas realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares. Valledupar, capital del Cesar, está entre los territorios donde piden poner ‘mano dura’ a esta actividad, con multas que ahora pueden llegar a 700 salarios mínimos.

Asimismo, se ordenó iniciar acciones judiciales y administrativas contra los sujetos que presten el servicio sin cumplir las normas, y contra quienes faciliten las operaciones de manera ilegal.

Para el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, es importante resaltar que “en estos 31 municipios está la mitad de la población del país, y sus Alcaldes y funcionarios deben ser responsables de aplicar la ley para atacar con severidad ese fenómeno de ilegalidad que afecta dichas jurisdicciones”.

Las personas que sean sorprendidas realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares deben ser investigados y sancionados (i) bajo la Ley de Tránsito Terrestre, con la infracción D12 y las demás que consideren procedentes, y (ii) bajo la Ley de Transporte Terrestre con la imposición de multas hasta 700 smmlv, por la infracción de los artículos 11, 16, 23, 31, 35, 38, entre otros, de la Ley 336 de 1996.

Se les solicita incorporar dichas instrucciones también como parte del Plan Estratégico de Control al Cumplimento del Marco Normativo en Transporte, según lo ordenado por la Resolución 3443 de 2016 del Ministerio de Transporte.

Igualmente se pide iniciar las acciones judiciales y administrativas que correspondan contra todos los sujetos que realicen operaciones de transporte público dentro de su jurisdicción sin cumplimiento de los requisitos legales, así como contra todos los sujetos que faciliten la realización de dichas operaciones de transporte ilegal.”

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Al respecto, el secretario de Tránsito en Valledupar, Roberto Daza, manifestó que efectivamente fueron recibidas, por parte de la Superintendencia de Transporte, las recomendaciones a las principales ciudades capitales y localidades, donde opera el transporte urbano colectivo o individual de pasajeros.

Recientemente el Ministerio de Transporte emitió una circular, mediante la cual se le pide a todos los organismos de tránsito que no solamente se imponga la sanción que actualmente se ha venido imponiendo a aquella personas que ejercen la labor de transporte público teniendo un vehículo particular, de acuerdo al Código Nacional de Tránsito, que conlleva a una multa de un salario mínimo mensual más la inmovilización del vehículo por 5 días si es la primera vez, por 20 días si es la segunda vez , y por 40 días si ya ha reincidido en tres oportunidades.

Adicionalmente a ello, las autoridades sean entidades de control o administrativas como en este caso es la Secretaría de Tránsito, podrán imponer comparendos al transporte con un multa que pude llegar a los 700 salarios mínimos, cuando anteriormente eran 30 por ejercer la informalidad en el transporte público.

“Son varias las situaciones que se están dando en todas las ciudades, también hay poca acción normativa nacional para regular aspectos como el de las motocicletas, para lo cual las administraciones municipales cuentan con poco respaldo del Gobierno para establecer mecanismos de control sobre este problema que ya es reiterativo”, dijo Daza.

También se le exige a los municipios tener la obligación de sancionar, pero quitan las herramientas. “El Gobierno nacional tiene que dar un mensaje mucho más contundente, que simplemente exigir que las autoridades municipales luchen contra un fenómeno de mil cabezas, como el transporte informal”.

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