Marta Lucía Ramírez no incluyó los casos de abuso durante el Paro Nacional en la carta a la CIDH

La nueva canciller envió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la habla sobre la situación que atraviesa el país.

Ayer, 31 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, confirmó su visita al país en el marco de las protestas del Paro Nacional, en respuesta a una propuesta hecha por la vicepresidenta y también canciller Marta Lucía Ramírez.

Por medio de su cuenta de Twitter la Comisión anunció su llegada a Colombia. “Durante la visita, la CIDH se reunirá con diversos sectores representativos de Colombia, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios”.

La presencia de este organismo internacional en el país se dio por la carta que Marta Lucía Ramírez les presentó y que llamó la atención de la Comisión. Durante su estadía, la cual será del 8 al 10 de junio, la CIDH escuchará al Gobierno, pero también se sentará a escuchar con aquellos sectores que han sido afectados por el el abuso de la Fuerza Pública en medio de las manifestaciones que se llevan a cabo desde el pasado 28 de abril.

Dentro de la carta se encuentra un programa en la que la canciller y también viceministra le propone a la CIDH que se haga presencia en Cali donde se han ocurrido los hechos más atroces. La misiva menciona, primero, que hay “grupos de vándalos armados que han originado destrucción, caos e incidentes que han cobrado la vida de al menos 13 personas”.

Además, hizo un detallado recuento de las afectaciones a los bienes públicos que se han presentado durante las protestas como “casos emblemáticos de grave afectación a los derechos humanos a la salud, alimentación, trabajo, movilidad, desarrollo económico, la vivienda y saneamiento básico”.

Y, por último, Ramírez le planteó a la Comisión que recibiera una audiencia de representantes de los sectores de “salud, servicios públicos, industrial, empresarial, de pequeñas y medianas empresas, agropecuario, víctimas civiles de los bloqueos y del vandalismo, incluyendo civiles, y miembros de la Fuerza Pública y las familias de los fallecidos”.

En esta carta no se mencionó las denuncias de los ciudadanos sobre los casos de abuso por parte de la Fuerza Pública, ni informó la situación que se ha vivido en la capital del Valle del Cauca, en donde ha habido ya varios episodios de civiles disparando armas de fuego en presencia de los agentes.

De acuerdo con información del periódico El Espectador, María Clara Galvis, profesora experta en derecho internacional e interamericano, explicó que el hecho de omitir una de las situaciones más graves que se han presentado durante las marchas y protestas dentro del marco del Paro nacional se evidencia el criterio que tiene el Gobierno ante esta situación.

“Lo que está en la carta es la lectura que hace el Estado colombiano sobre la situación actual de nuestro país, lectura que no reconoce que en este último mes agentes del Estado han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. La carta a la CIDH es la lectura que el Gobierno ha tenido de la realidad colombiana. Si se analizan las declaraciones que la canciller ha dado en Washington, hay una línea consistente y es que aquí hay una situación derivada de los bloqueos. Es una lectura parcial, porque hay dos grandes aspectos que el Gobierno omite: las acciones estatales que violan derechos humanos y las acciones delictivas de particulares que son toleradas por el Estado”, explicó la docente de derecho para El Espectador.