El Tribunal Superior de Pasto ordena consulta previa para fumigación con glifosato
La orden es que el Ministerio del Interior de Colombia garantice una consulta previa a las comunidades afrodescendientes e indígenas del departamento de Nariño, para tenerlos en cuenta en la utilización de las aspersión como fórmula para combatir los cultivos ilícitos en el país.
En las últimas horas, se conoció que el Tribunal Superior de Pasto concedió una tutela que deja sin efecto la Resolución 0001 de marzo de 2020 emitida por el Ministerio del Interior, la cual deja sin piso la reactivación de la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato en, por lo menos, 14 departamentos hasta que no se haga la consulta previa.
La tutela que da revés al Gobierno Nacional en sus tácticas en la lucha contra el narcotráfico, fue interpuesta por Nilson Estupiñán Arboleda, en nombre propio y en representación de las comunidades adscritas a la REDPHANA (Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense), una organización constituida por consejos comunitarios y resguardos indígenas del Pacífico nariñense, específicamente de los municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas.
En marzo del 2020 el Ministerio del Interior dictaminó que no era necesario que las comunidades afrodescendientes e indígenas de Nariño participarán en consulta previa, pues sus territorios étnicos serían excluidos de la aspersión con glifosato.
“Resulta procedente atender a lo alegado por la parte accionante, ya que más quién más que aquellas comunidades indígenas y especialmente afrodescendientes, puedan contar con la información pertinente para indicar que varias zonas objeto de intervención coinciden con aquellos territorios ancestralmente ligados a sus comunidades”, indicó en su momento la sentencia.
En la aceptación de la tutela, se destaca el amparo los derechos de las comunidades argumentando que para el reinicio de las aspersiones y la erradicación en general de los plantaciones de hoja de coca es necesario cumplir con la consulta previa abierta e informada. En consecuencia, se ordena realizar la consulta previa a esas comunidades por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, en coordinación “con las entidades demandadas y vinculadas según sea su competencia”.
Asimismo, el tribunal encontró que los grupos tienen razones de peso para ser escuchados y suspendió el reformado Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), expedido el pasado 14 de abril.
De igual manera, señaló que son varios ejes que las autoridades deben considerar en la lucha contra el narcotráfico, respecto a la posible puesta en marcha del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG). Para el despacho judicial es importante no adelantar ninguna estrategia si no se garantizan los derechos a la salud, vida digna y medio ambiente sano de las personas, en especial las comunidades donde ha existido un histórico abandono Estatal.
Según lo informado por el diario El Espectador, el Tribunal Superior de Pasto acogió los argumentos de la organización REDPHANA, que reclamó la defensa de los intereses de resguardos indígenas del Pacifico nariñense, en diez municipios de la región. De acuerdo con el grupo demandante, Nariño es el departamento con mayor afectación si se emplea la aspersión con glifosato. Una cuarta parte de los cultivos ilícitos estarían en ese territorio y, según los cartogramas presentados por la Dirección Antinarcóticos de la Policía (DIRAN), encargada de la posible ejecución, son pocas las zonas excluidas de la estrategia.
Con Infobae