Fiscal Francisco Barbosa y tres ministros ante la JEP por asesinato de excombatientes de las Farc
La sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP convocó a audiencia pública, a partir de las 8:00 a. m. de este miércoles, a funcionarios de entidades estatales en las instalaciones de la Jurisdicción.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se reunirá este miércoles, en una audiencia pública, con funcionarios del Estado, como parte del trámite del Estudio de medidas cautelares de protección integral para los comparecientes que firmaron el Acuerdo de Paz. Desde la firma de los acuerdos, realizada el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinados 243 excombatientes, según el partido Farc. Los asesinatos estarían concentrados en los departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia.
La audiencia verificará el cumplimiento de las órdenes dadas por la sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes. También, se verificarán las garantías de seguridad para la reincorporación en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico. Asimismo, se revisarán las medidas tomadas por las entidades gubernamentales para prevenir y superar la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación. Además, se verificarán los planes de lucha contra la impunidad y la política de desmantelamiento de organizaciones.
Serán el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos; el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla; la ministra del Interior, Alicia Arango; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; la Procuradora Delegada con Funciones de Seguimiento del Acuerdo de Paz, Mónica Cifuentes, el Defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Ricardo Arias, el Fiscal General, Francisco Barbosa y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Martínez, quienes comparecerán en esta nueva fecha sobre el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado en el país.
Además, la Sección de Ausencia de Reconocimiento estableció que solo podrán delegar su asistencia a la diligencia viceministros y el vicefiscal y, únicamente, previa justificación y verificación, por parte de la JEP, de la imposibilidad funcional de asistir. En las demás entidades no se aceptará delegación. Los funcionarios asistentes deberán permanecer durante toda la totalidad del desarrollo de la audiencia.
Voceros y líderes de la ‘Peregrinación por la Vida’, a su llegada a Bogotá el 1º de noviembre, se reunieron con funcionarios para coordinar acciones en pro de seguridad de los excombatientes y las garantías de cumplimiento del Acuerdo de Paz. Los compromisos se dirigieron hacia la ampliación de siete sesiones del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) para desarrollar estrategias de acceso a la vivienda, tierras y los procesos de reincorporación. También se dejó en claro que se dará continuidad a los consejos departamentales y municipales de paz. Asimismo, se planteó la necesidad de adquirir esquemas de protección para las elecciones locales de 2022 y fortalecer la divulgación de avances conseguidos para contrarrestar la estigmatización.
Pese a estas medidas, las cifras siguen aumentando, pues el último asesinato registrado se presentó el 24 de noviembre en Atrato, Chocó, contra Paula Andrea Osorio García, quien perteneció al Frente 24 de las extintas Farc y dejó las armas en Vidrí, Vigía del Fuerte, departamento de Antioquia.
Según la fiscalía General de la Nación, organizaciones como los grupos armados residuales, el ELN, el Clan del Golfo y los grupos delincuenciales vinculados con el narcotráfico han sido responsables del 77% de los asesinatos contra los firmantes de la paz desde 2016.