lunes, mayo 20, 2024
Nacional

Archivan denuncia por falso prevaricato contra el gobernador Carlos Caicedo

El abogado del ex representante a la Cámara por el Magdalena Eduardo Díazgranados, Danny Quintana, nuevamente  fue derrotado  jurídicamente  ante el gobernador Carlos Caicedo, luego que la Fiscalía le archivara una denuncia contra el mandatario departamental por un supuesto prevaricato que nunca existió, según la justicia.

La acusación fue interpuesta ante la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema, por parte del profesional del derecho, quien argumentó una presunta “indebida administración de recursos públicos, en especial, por el no traslado de recursos de estampillas al Hospital Julio Méndez Barreneche, ya que estos debieron haber sido girados en enero de 2020”, cuyos alegatos fueron considerados por la Justicia como carentes de veracidad; es decir por atipicidad de la conducta.

Esta respuesta de la Justicia para Quintanaes  considerada por las familias políticas del departamento del magdalena, como   una nueva derrota para los  Díazgranados, toda vez que el pasado mes de julio se conoció que la Procuraduría General de la Nación ordenó el archivo definitivo de otra actuación disciplinaria adelantada en contra de Caicedo, señalado en 2015 por el entonces representante a la Cámara de participar en las elecciones a la alcaldía para el periodo 2016-2019.

Aquella acusación fue calificada como insuficiente por el Ministerio Público, que, a través de una notificación, enviada a las partes, explicó: “Se infiere que las conductas atribuidas no existieron o son atípicas”.

Abogado Daniel Quintana

A Quintana también le fue archivada recientemente otra denuncia por cuenta de la Fiscalía 9 Delegada ante la Corte, al señalar presuntas irregularidades en un decreto que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Santa Marta.

Lo anterior, según Quintana, “ya que se habría hecho de predios urbanos para destinarlos al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario, sin que esa potestad estuviera autorizada a los exfuncionarios en el POT”, entre otras consideraciones. Al final, esta tesis también fue considerada por la justicia como insuficiente.

 

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