Uribe seguirá en detención domiciliaria: Suspendida audiencia en que pediría la libertad
La audiencia en la que se definiría la situación jurídica del expresidente de la República y exsenador Álvaro Uribe Vélez, en lo concerniente a si debía seguir o no en detención domiciliaria tras la investigación por presunto fraude procesal y manipulación de testigos, fue suspendida tras casi cuatro horas y múltiples fallas técnicas en la conexión a Internet.
La decisión de una jueza de Paloquemado en Bogotá fue tomada sobre la 1 p.m., debido a que de acuerdo con la togada necesita analizar a profundidad todos los argumentos, tanto de la defensa como de las víctimas, en pro de tomar una decisión sobre qué sistema penal debe ejercer en este caso.
La diligencia judicial se reanudará el próximo 22 de septiembre, a las 9:00 a.m., según confirmó la propia jueza.
En lo que transcurrió de la audiencia, Reinaldo Villaba, abogado del senador Iván Cepeda, una de las víctimas, solicitó que el proceso que cobija a Uribe se siga rigiendo por la ley 600, con la que venía en la Corte Suprema.
Y no por la ley 906 de 2004, el nuevo Sistema Penal Acusatorio, con lo que pasaría a la Fiscalía General, pese a que la sala de instrucción de la propia Corte renunció a tener competencia. Entre sus argumentos está el que solo se cambió el que investiga, no la legislación
«El procedimiento se mantiene porque era el vigente en el momento en el que se dio la presunta comisión de los hechos que se investiga», dijo Villalba.
Por su parte Jaime Granados, abogado defensor del expresidente, pidió a la jueza que denegara solicitudes de las víctimas en este sentido y se declarara competente para definir que sea el sistema penal acusatorio el que rija en este experiente, y en consecuencia poder determinar o no la libertad de Uribe Vélez.
«Aquí no hay una resurrección de la Ley 600», indicó Granados, quien insistió en lo que se desarrolló en la audiencia que la Ley 906 debe ser la aplicable en el caso de su defendido y con ello el proceso inicie prácticamente de ceros, en la recolección de pruebas.
Postura que fue respaldada por la Fiscalía General, a través del fiscal designado, Gabriel Jaimes, y la delegada de la Procuraduría General de la Nación, María Lourdes Hernández, toda vez que ante la renuncia del fuero parlamentario.
En la diligencia estuvo Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación, quien fue acogido como víctima en este proceso.
Sin embargo, la determinación fue la de suspender y analizar en profundidad esta situación, crucial para continuar con el caso que ha mantenido en vilo al país en los últimos dos meses, desde que se conoció la decisión de la Corte Suprema de tener al exjefe de Estado recluido en su residencia. hsbnoticias