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Los vídeos y audios que revelan la ‘empresa criminal’ conformada por un juez, fiscal y abogado público, en Bosconia

Todos fueron enviados a la cárcel por corrupción

La Fiscalía General de la Nación revelò vídeos y audios que muestran de manera directa cómo el fiscal sexto de Bosconia, Yesith Pallares Aguilar; el juez promiscuo de este mismo municipio, Roberto Carlos Orozco Argote y el defensor público Carlos Luis Ropero Galván, crearon una empresa criminal, a cambio de dádivas para enmarañar procesos judiciales.

Entre el material probatorio en su contra hay denuncias de las víctimas, audios de conversaciones telefónicas y videos en los que los presuntos integrantes de la red de corrupción cuentan el dinero que recibían por su actuar ilegal.

Por estos hechos, la Fiscalía Segunda Delegada imputó al abogado Ropero Galván, los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, y fraude procesal; al fiscal Pallares Aguilar le formuló concierto para delinquir, concusión, prevaricato por omisión, prevaricato por acción, cohecho propio, asesoramiento y otras actividades ilegales; mientras que al juez Orozco Argote le imputó concierto para delinquir, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio.

Los procesados no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.

El ente investigador dio a conocer que la ‘empresa criminal’ habría empezado a delinquir desde el año 2017 y estarían involucrados en cinco casos.

En un primer evento, el abogado Ropero habría exigido 15 millones de pesos a un ciudadano para evitar que su hermano, detenido en flagrancia por porte ilegal de armas, fuera enviado a la cárcel. La víctima, supuestamente, dio una camioneta como prenda de garantía hasta que entregó todo el dinero. Finalmente, el capturado quedó en libertad y la suma fue repartida entre el fiscal Pallares Aguilar, el juez Orozco Argote y el abogado.

En otro hecho documentado, el juez presuntamente asesoró a un hombre en un litigio civil por un terreno. El funcionario judicial, de acuerdo con un pacto monetario previamente establecido, logró el dominio pleno y absoluto del bien a favor del ‘cliente’, y recibió 5 millones de pesos que fueron distribuidos entre la red de corrupción.

También hay evidencia de interferencias indebidas en trámites de tutela y diferentes actuaciones en las que se otorgaron beneficios judiciales. Por ejemplo, respecto a un procesado por receptación de hidrocarburos, el fiscal Pallares Aguilar precluyó el proceso.

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