Armada verifica denuncia de supuesta prostitución infantil en batallón de Pizarro, Chocó

La Armada Nacional informó que abrió investigación preliminar luego de conocer la denuncia del defensor de derechos Humanos Luis Ernesto Olave, quien informó de una serie de situaciones irregulares que involucran a menores de edad del municipio de Pizarro en el departamento del Chocó.

Olave decía que a la «entrada del batallón de la Armada», en los días de permiso de «soldados foráneos», se hacían filas de «niñas afro de aproximadamente 13 a 16 años de edad», prostituidas, según él, por «los mismos infantes de Marina«.

La Armada asegura que el pasado 25 de junio convocó a un consejo de seguridad, con la alcaldía de Pizarro, la Secretaría de Gobierno, la Personería, la Comisaría de Familia, la Policía Nacional y la Inspección de Policía, «en el cual se pudo establecer que no existe ninguna información o denuncia por parte de las autoridades o de la población relacionada con la presencia de menores de edad a las afueras de las instalaciones militares ni de las actividades que hacen parte de la denuncia».

Según la institución naval, «se pudo constatar que al municipio de Pizarro no ha ingresado personal militar foráneo. De igual manera, otros líderes de la zona manifestaron a las autoridades locales desconocer los hechos que denuncia el señor Luis Ernesto Olave y rechazaron las afirmaciones por él citadas».

La Armada reiteró su compromiso «en la protección y salvaguarda de la población colombiana y especialmente de los menores de edad, y rechaza categóricamente conductas que se aparten de este deber institucional».

Agresiones a menores

En los últimas días se conoció que varios soldados violaron a una menor indígena en Risaralda, por lo que el Gobierno Nacional realizó una jornada integral para acompañar el proceso de restablecimiento de derechos de la niña.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez, y la consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, hicieron parte de dicha jornada en la que se escucharon a los representantes de la comunidad indígena a la que pertenece la menor.

Las dos funcionarias se desplazaron hasta el resguardo Gito Dokabu–embera katio, ubicado en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), para manifestar a esa población el apoyo del Gobierno Nacional en medio de las investigaciones.

Igualmente, sostuvieron un encuentro con representantes de la ONIC y la Defensoría del Pueblo para reivindicar el diálogo a través del reconocimiento de la aplicación del enfoque diferencial, aclarando las acciones adelantadas para atender la niña víctima.