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Actualidad

Abren procesos disciplinarios a 19 directores de corporaciones autónomas regionales, de la ANLA y el DAGMA

Por presuntamente legalizar madera talada ilegalmente a nivel nacional, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a 19 directores de corporaciones autónomas regionales del país, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, y del Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA-.

La medida disciplinaria cobija al director de la ANLA, Rodrigo Suárez Castaño, y a la directora del DAGMA, Claudia María Buitrago.

Los siguientes son los directores de las corporaciones autónomas regionales cobijados con la medida:

-Néstor Guillermo Franco, CARC – Cudinamarca
-Juan Gabriel Álvarez, CAS – Santander
-Alejandro González Valencia – Corantioquia
-Jorge Enrique Cardozo – Cortolima
-Johnny Alberto Avendaño, Carsucre
-Yesid González Duque, CRC – Cauca
-Jhon James Fernández, CRC – Quindío
-Rubén Darío Materón, CVC – Valle
-José Fernando Tirado, CVS de los Valles del Sinú y del San Jorge
-Jairo Jaramillo Rivera y Martha Mónica Restrepo, Carder-Risaralda
-Alberto Escobar Vega, CRA -Atlántico
-Carlos Alberto Cuéllar Medina, CAM – Magdalena
-Carlos Mario Zuluága Gómez, CORNARE – de los Ríos Negro y Nare
-José Ricardo López, Corpoboyacá- Boyacá
-Juan David Arango, Corpocaldas – Caldas
-Fernando Burbano Valdez, Corponariño-Nariño
-César Humberto Meléndez, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico
-Liliana Milena Quirós, Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge-Corpomojana
-Eugenio Enrique Prieto, Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El Ministerio Público busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con el registro de información de salvoconductos únicos nacionales en Línea –SUNL-, en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL- de la ANLA, entre el 2018 y el 2019.

Al parecer, los registros habrían sido duplicados o cargados más de una vez, con el fin de ser utilizados para legalizar madera talada ilegalmente a nivel nacional.

El ente de control decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Los funcionarios podrán ser escuchados en versión libre, si así lo solicitan.

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