Envían a la cárcel a 4 funcionarios de la Judicatura por escándalo de corrupción en manejo de parqueaderos
El Juzgado 76 Penal Municipal, con función de control de garantías, por petición de la fiscalía, impuso este miércoles medida de aseguramiento y envió a la cárcel, a cuatro funcionarios del Consejo de la Judicatura, implicados en el escándalo de corrupción en el manejo de parqueaderos en los cuales se inmovilizan vehículos por orden judicial.
Según el fiscal del caso, los capturados serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, asesoramiento ilegal y concusión.
Los funcionarios de la Judicatura fueron capturados el pasado 20 de marzo por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Dirección Seccional de Bogotá, que asumió el caso, con el acompañamiento de servidores del CTI.
Ellos son:
-Carlos Enrique Másmela González, director ejecutivo seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca.
-Fredi Antonio Tequia Correa, quien para la época de los hechos se desempeñaba labores en la Coordinación Jurídica de la Dirección Ejecutiva Seccional.
-Pedro Julio Gómez Rodríguez, director de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
-Salomón Motta Polanía, funcionario de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Los dos últimos, supuestamente intervinieron en la proyección y revisión de actos administrativos que en segunda instancia ratificaban las resoluciones proferidas de manera irregular por la Dirección Seccional.
Por otra parte, la Fiscalía también citó a Margarita Rosa Vega Santofimio, para que asistiera a la audiencia de formulación de imputación de cargos.
En audiencias concentradas, previa legalización de las capturas e imputación, ninguno de los procesados aceptó cargos.
Sobre el escándalo de corrupción, la Fiscalía General de la Nación explicó que la Rama Judicial expidió el Acuerdo 2586 de 2004, por medio del cual delegó a las Direcciones Ejecutivas de Administración Judicial la facultad de organizar cada año una convocatoria pública para que los propietarios de parqueaderos se postularan para custodiar vehículos inmovilizados por orden judicial.
Sin embargo, agregó que en desarrollo de la investigación se estableció que para la vigencia 2014-2018, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, al parecer emitió resoluciones que contrariaban la norma, favoreciendo a sociedades que no acreditaban los requisitos exigidos.
Los hechos que se investigan corresponden a la presunta existencia de acuerdos entre funcionarios y particulares, con el fin de proferir resoluciones a pesar del incumplimiento de los requisitos, las cuales designaban registros de parqueaderos que servían como bodegas judiciales, exigiendo a cambio sumas de dinero.