Aseguran a compañero sentimental y familiares de alias “la madame” por red de explotación sexual de menores
La Fiscalía General de l Nación reportó este martes que un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al compañero sentimental de Liliana del Carmen Campos Puello, más conocida con el alias de “la madame”, su papá y otro familiar por su presunta implicación en la red de explotación sexual de menores desmantelada en la ciudad de Cartagena.
Los asegurados, capturados en desarrollo de la Operación Vesta II, son Gustavo Adolfo Ruiz, pareja de alias “la madame”; Carlos Enrique Campos, su padre y Fabio Castro, sobrino. Otro familiar quedó en libertad.
La red de explotadores y abusadores sexuales se puso al descubierto tras una dispendiosa investigación, en desarrollo de la cual, a finales de julio pasado se hizo efectiva la captura de 18 personas, entre ellas Liliana del Carmen Campos Puello, alias “la madame”, en sectores turísticos de Cartagena de Indias.
Los capturados fueron identificados en desarrollo de cuatro líneas investigativas relacionadas con el fenómeno de trata de personas con fines de esclavitud sexual y explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes y mujeres, como presuntos proxenetas, facilitadores y demandantes sexuales.
En la investigación se utilizaron controles y monitoreos de líneas telefónicas, con 68.243 actividades de escucha, vigilancias y seguimientos a los diferentes actores criminales con cámaras de alta tecnología, que arrojaron 755 horas de video.
Se hicieron operaciones de ciberpatrullaje desde el CAI Virtual en busca de elementos materiales de prueba, involucramiento de peritos expertos del laboratorio Yuliana Samboni y de un analista criminal del Centro de Análisis Criminal, de manera permanente
También fue fundamental la información ciudadana, a través de fuentes no formales, dado que esto sirvió para elaborar el perfil criminal y la manera de operar de cada uno los indiciados.
Liliana del Carmen Campos Puello, alias “madame”, fue reseñada como una de las mayores proxenetas del Caribe y fue capturada el pasado 28 de julio en la primera fase de la Operación Vesta. Esta mujer ya había sido procesada y condenada por tráfico de heroína en el año 2003, en los Estados Unidos, y posteriormente, deportada a Colombia en el 2005.
También cayó el capitán retirado de la Armada Nacional Raúl Danilo Romero Pabón, quien fue señalado como el ‘depredador’ sexual que tatuaba a sus víctimas.
En efecto, la Fiscalía indicó que recopiló abundante material probatorio sobre este sujeto, que lo señala de ubicar por redes sociales niñas menores de 14 años de edad, abusar de ellas, comprar su silencio y ordenarles que se tatuaran su nombre en partes de su cuerpo.
En las audiencias concentradas llevadas a cabo este sábado 28 de julio, el oficial aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de: concierto para delinquir (8-18 años), estímulo a la prostitución de menores de edad (10-14 años de prisión), demanda y explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad (14-25 años de prisión), utilización o facilitación de medios de comunicación para facilitar explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad (10-14 años de prisión) y uso de menores de edad en la comisión de delitos (10-20 años de prisión).
Otros capturados por su vinculación a esta forma de explotación sexual comercial son:
Alias Gregori y Yenifer, quienes serían las encargadas de buscar y convencer niñas para las prácticas de explotación sexual comercial en lugares turísticos. Muchas de las víctimas identificadas en las investigaciones son migrantes venezolanas en estado de vulnerabilidad. Será imputados por proxenetismo (14 a 25 años de prisión), la pena puede llegar a 37,5 años por tratarse de familiares
Ana Torres y Cesar Bernal, administradores de algunos hoteles de la ciudad vieja que, con conocimiento y aquiescencia, habrían permitido actos sexuales contra menores de edad en los establecimientos a su cargo. Serían imputados por el delito de estímulo a la prostitución de menores (10 a 14 años de prisión)
Javier Tovar y Naymiro Cabarca, integrantes de la Policía Nacional, sindicados de exigir dinero para abstenerse de cumplir con su deber y no capturar a los turistas que pagaban por servicios sexuales con niñas y adolescentes Serían imputados por el delito de concusión José Caballero, por ser uno de los demandantes sexuales, con orden de captura por acceder a menor de edad. Será imputado por “demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad” (14-25 años de cárcel)