Gobernadores de la Costa Caribe se unen a protesta contra la delimitación de la línea negra
Los gobernadores de Magdalena, Bolívar, Atlántico y La Guajira, se sumaron a la voz de protesta levantada por Francisco Ovalle Angarita, del Cesar, en torno a la intención del Presidente Juan Manuel Santos de sancionar el decreto que redefiniría la Línea Negra de los territorios indígenas sin dar el suficiente debate sobre los alcances e impacto de esta decisión.
Los mandatarios de los cinco departamentos suscribieron una carta dirigida al saliente Presidente en la que le solicitan «abstenerse de suscribir el decreto en cuestión, e integrar una mesa de diálogo donde tengan cabida las entidades territoriales, los gremios de la producción y organizaciones sociales y demás actores que tengan interés o se sientan afectados con su alcance, con la finalidad de crear mecanismos conjuntos que generen el mayor ambiente de fraternidad y protección a la diversidad cultural, y permita el desarrollo económico y social de la región».
Los gobernadores dejan claro que respetan los principios constitucionales relacionados con la protección de las minorías étnicas, la diversidad cultural de la Nación y la autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios, pero «dicha consideración no puede ser la base para que se estructure una serie de figuras jurídicas novedosas sin reglamentación clara que afecten a toda una región». Así, pues, el decreto requiere un estudio riguroso, por cuanto afectaría planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, inversión privada y proyectos de impacto social en la región.
Ovalle Angarita y sus homólogos argumentan que «prácticamente se condicionaría el ejercicio de la propiedad privada, derecho de rango constitucional y otros derechos consolidados, a una incertidumbre que generaría una falta de competitividad en la región». Agregan que el proyecto de decreto tiene un fuerte impacto en asentamientos rurales y en algunos urbanos como Santa Marta, Riohacha y Valledupar y que afectaría, igualmente un sinfín de actividades dedicadas a la agroindustria, servicios, logístico, minero-energético, etc.
«Se hace evidente un otorgamiento expreso a favor de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de facultades para intervenir y promover políticas de ordenamiento territorial, administración del territorio y protección o conservación de recursos naturales», advierten los gobernadores. Además, indican que, si bien se realizan procesos exitosos de Consulta Previa con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, también hay que considerar que es precaria la capacidad técnica y administrativa de los resguardos o las organizaciones indígenas, lo cual incidiría en los procesos.
