Así operaba el cartel de la chatarrización en Aguachica y La Paz, Cesar
La Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional capturaron a 10 personas señaladas de falsificar documentos de tránsito, reportar accidentes que no existieron y recibir reconocimientos económicos por concepto de chatarrización. Entre los detenidos hay 8 funcionarios.
En dos años de investigaciones fueron descubiertos 98 procesos fraudulentos de chatarrización de tractocamiones, en los que estaría involucrada una red delincuencial señalada de permear distintos organismos de tránsito y obtener el pago de $6.800.000.000.
La Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, en un trabajo articulado, recolectaron testimonios, contrastaron información y realizaron un meticuloso análisis grafológico hasta identificar a los presuntos integrantes de la organización vinculada al millonario engaño y poner en evidencia el entramado criminal que se desarrollaba en 11 municipios del país.
En una operación simultánea cumplida en 5 departamentos fueron capturadas 10 personas, entre ellas funcionarios de las secretarías de tránsito de Barbosa (Santander), Sahagún (Córdoba), Aguachica y La Paz (Cesar); y los inspectores de policía de Sabanalarga (Atlántico) y Aracataca (Magdalena).
Los procesados fueron traslados a Bogotá y presentados en audiencia pública ante juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público, y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario ante la gravedad de la conducta detectada.
El engaño criminal
De acuerdo a las evidencias recopiladas en el curso de la investigación, la banda delincuencial tenía su sede principal en Bucaramanga (Santander) y mediante diversos contactos en las secretarías municipales de tránsito habría obtenido cupos para vehículos de transporte de carga, que no existían.
Los señalados integrantes de la organización, al parecer, convencían a personas de escasos recursos para que firmaran poderes legales como supuestos dueños de esos tractocamiones, se valían de algunos de los funcionarios hoy procesados para incorporar información falsa al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y finalmente, con la ayuda de guardas de tránsito e inspectores municipales de policía, eran elaborados informes de accidentes viales en los que estarían involucrados los automotores a los que se les otorgaron los cupos.
El siniestro, que nunca ocurrió, era reportado ante el Ministerio de Transporte para obtener los recursos de la chatarrización (en promedio 70 millones por vehículo).