Dos mujeres del Cesar en el Tribunal de Paz
Dos mujeres indígenas de las etnias Kankuama y Arhuaca fueron designadas magistradas de la Justicia Especial para la Paz. Belkis Izquierdo, de Pueblo Bello y Ana Manuela Ochoa Arias, de Valledupar, integran la lista de 51 magistrados de este sistema de justicia transicional.
Belkis Florentina Izquierdo Torres, de la comunidad indígena Arhuaca es abogada Especialista en Administración Pública y Diplomado Superior sobre políticas de seguridad alimentaria. Magistrada en el Consejo Superior de la Judicatura, Asesora Jurídica en la Empresa Dusakawi. Asesora Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ASOANEI. Ministerio del Interior con Comunidades indígenas, Naciones Unidas Para El Desarrollo, FONADE.
Mientras que Ana Manuela Ochoa Arias, Kankuama, tiene experiencia en instancias internacionales como la CIDH, donde trabajó durante dos años como abogada-becaria de la Relatoría de los Pueblos Indígenas; ha representado a los Pueblos Indígenas de Colombia ante las Naciones Unidas. Durante más de 15 años se ha desempeñado como abogada en diferentes organizaciones del país. En la ONIC fue asesora jurídica y Secretaria Técnica de la Mesa Permanente de Concertación, y es fundadora de la Comunidad de Juristas Akubadaura, en la que confluyen abogados y abogadas indígenas del país.
«Mi principal motivación para este cargo es contribuir en la construcción e implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en articulación con la JEI. Asimismo, busco aportar medidas específicas y diferenciadas para el acceso de los pueblos étnicos a la justicia y el establecimiento de procedimientos diferenciados para personas indígenas que participaron en el conflicto armado”, dijo Ochoa Arias.
La temporalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz será de 10 años contados a partir de la efectiva entrada en funcionamiento de todas las salas, y habrá un plazo de 5 años más para que la JEP concluya sus actividades. Por ley, se podrá prorrogar ese plazo de ser necesario.
La JEP juzgará tanto a exguerrilleros como a militares y terceros civiles que hayan estado involucrados en crímenes de lesa humanidad realizados en el marco del conflicto armado colombiano.