Defensoría del Pueblo advierte riesgo vigente de violencia sexual contra mujeres y niñas en Cesar
Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en 85 municipios, de 19 departamentos, hay riesgo vigente de violencia sexual contra mujeres y niñas.
Durante el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado Interno, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el aumento de riesgo de violencia sexual contra mujeres y niñas, debido a un proceso de expansión de grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (en el Pacífico y en Córdoba), el EPL y el ELN, así como la disidencia de las Farc.
Para la Entidad, se requiere especial atención en el marco del proceso de posacuerdo, en la medida en que la violencia sexual puede exacerbarse como forma de control de la población o en la disputa de los actores armados por el reposicionamiento y el dominio territorial de espacios en donde estaban las Farc.
En lo corrido del 2017, de 664 casos acompañados por la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género, 105 corresponden a mujeres víctimas de violencia sexual relacionadas con el conflicto armado, quienes además tienen graves obstáculos para el restablecimiento integral de sus derechos.
A esto se suma que en las zonas de frontera hay un alto riesgo para las mujeres, debido a dinámicas de control de distintas economías ilegales (como la minería ilegal y los cultivos ilícitos), y a otros delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. Es el caso de Tumaco, los municipios de la costa chocoana y la zona fronteriza con Venezuela en Norte de Santander y Cesar.
Por esta situación, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Fiscalía General de la Nación aumentar sus unidades de investigación en las regiones, para superar la impunidad; al Ministerio de Salud que fortalezca las rutas y acciones para la atención integral de las víctimas; de manera especial al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se trabaje de manera articulada para la protección de niños, niñas y adolescentes, y a los alcaldes y gobernadores en donde hay mayor riesgo, que realicen consejos de seguridad para tomar medidas de control y prevención.