Petro le otorga estatus de ley a una Convención que proscribe el mercenarismo
El presidente colombiano, Gustavo Petro, promulgó este jueves una ley que suscribe la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, en interés de frenar la exportación de combatientes a los conflictos que se libran en distintas partes del mundo o su contratación para la comisión de delitos.
«Trabajamos muchísimo en el Congreso y tuve la fortuna y el honor de ser coordinador-ponente de este proyecto de ley, que evita que sigamos exportando muerte, que sigan siendo engañados hombres y mujeres. Y que, sobre todo, nos convirtamos nosotros en una figura de dolor y angustia en países como Ucrania, Congo, Yemen o México», manifestó el congresista Alejo Torres, de la bancada oficialista Pacto Histórico.
En el texto legal, que ahora es de obligatorio cumplimiento en el país suramericano, se establece que «los Estados partes no reclutarán, utilizarán, financiarán ni entrenarán mercenarios con el objeto de oponerse al legítimo ejercicio del derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación, reconocido por el derecho internacional, y tomarán […] las medidas apropiadas para prevenir el reclutamiento, la utilización, la financiación o el entrenamiento de mercenarios para tal objeto».
En ese espíritu, se conmina a los Estados a establecer «penas adecuadas para los delitos contemplados en la Convención», con atención a su «carácter grave». La lista incluye haber sido reclutado para combatir en un conflicto armado que se libra en el extranjero, tomar parte en hostilidades ajenas por interés crematístico, derrocar a un gobierno o socavar de algún modo el orden constitucional de un Estado o su integridad territorial.
Mercancía de muerte
Colombia, atravesada desde hace más de seis décadas por un conflicto armado interno, ha devenido en exportadora de mercenarios para diversas guerras, al disponer de una masa importante de personas con formación militar probada en el campo de batalla, procedente tanto de las Fuerzas Armadas como de diversas insurgencias y grupos paramilitares.
En data relativamente reciente, se ha comprobado su presencia en Ucrania, combatiendo del lado de Kiev. Según sus testimonios, el mecanismo primordial de captación son las redes sociales. Los reclutadores suelen ofrecer beneficios económicos que en mucho superan los salarios regulares de la nación bolivariana, así como entrenamiento especializado y promesas de riesgo vital bajo.
No obstante, a su llegada a las zonas de combate, han comprobado que fueron engañados. Muchos han sido puestos en la primera línea sin entrenamiento suficiente y dejados a su suerte, sin apenas equipamiento ni respaldo. Tampoco se han concretado los pagos de la forma ofrecida y, en caso de muerte o desaparición, sus familiares deben enfrentar dolorosos procesos para conseguir que se les busque, que sus restos sean recuperados y que se les cancele el monto del contrato que suscribieron con los contratistas ucranianos.
De otra parte, otras naciones de América Latina no han permanecido ajenas a la implicación de mercenarios colombianos en la perpetración de delitos graves, como el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2022. El crimen exacerbó la crisis política y social en el país antillano, donde ahora mismo poderosas pandillas controlan grandes porciones del territorio, mientras la población padece violencia y violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales. Con RT