Tribunal frena revolcón en las EPS y el traslado de más de 6 millones de usuarios
Una medida cautelar de urgencia, que frena temporalmente el revolcón que dispuso el gobierno del presidente Gustavo Petro en las EPS, emitió el Tribunal Administrativo de Antioquia contra el Decreto 182 de 2026. Con esta medida el Ministerio de Salud dispuso el traslado masivo de cerca de 6 millones de usuarios, de ellos 2 millones 600 mil a la Nueva EPS y los restantes a otras operadoras de salud intervenidas.
El tribunal suspendió la aplicación del citado decreto “hasta que se decida de fondo el asunto mediante sentencia”, tras considerar que existen indicios suficientes de que la norma podría afectar derechos colectivos relacionados con el acceso al servicio de salud, la libre elección de los usuarios y la libre competencia dentro del sistema de aseguramiento.
Añadió que el decreto reorganiza el aseguramiento en salud bajo criterios poblacionales y territoriales que, en la práctica, podrían reducir la presencia de varias entidades promotoras de salud (EPS) en distintos territorios y concentrar la prestación del servicio en un solo operador.
Concretamente señaló que el modelo podría terminar favoreciendo a la Nueva EPS como principal aseguradora en 502 municipios del país, eliminando en la práctica la libertad de elección de los usuarios del sistema de salud, un principio reconocido en la ley colombiana.
Además advirtió que la reorganización podría afectar la estructura competitiva del sistema, ya que varias aseguradoras perderían autorización para operar en numerosos municipios, lo que reduciría drásticamente su base de afiliados y podría generar tensiones financieras que incluso pondrían en riesgo su viabilidad.
El tribunal puso en duda la capacidad de la Nueva EPS para asumir un aumento masivo de afiliados, teniendo en cuenta que fue intervenida por problemas financieros y fallas en la prestación del servicio.
El Tribunal de Antioquia concluyó que la reorganización del aseguramiento podría generar efectos estructurales sobre el sistema de salud, al concentrar la operación en un número reducido de entidades y, en algunos casos, en una sola, y amenazar derechos colectivos, citando entre ellos el acceso eficiente y oportuno a los servicios de salud, la salubridad pública, los derechos de los usuarios y la libre competencia.
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia abstenerse de aplicar las disposiciones del decreto 182 de 2026 mientras se resuelve de fondo la acción popular. Con RSF